La inclinación hacia el presidencialismo hipertrofiado y la justificación del quebrantamiento del orden constitucional bajo el pretexto de resolver crisis sociopolíticas se revela con alarmante nitidez al analizar la respuesta «Muy de acuerdo» ante la afirmación sobre si está bien que el Presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones para solucionar problemas. Este indicador mide el grado de adscripción a posturas autoritarias dentro del segmento evangélico latinoamericano, dejando al descubierto importantes tensiones entre la fe, el Estado de derecho y la institucionalidad democrática. Al explorar los porcentajes registrados en las distintas cohortes etarias, se aprecian picos sumamente preocupantes de respaldo a la discrecionalidad ejecutiva en naciones específicas. En este sentido, destacan países como Paraguay con un 40% en la juventud, Argentina alcanzando un extraordinario 63% en la cohorte de 26 a 40 años, México y Venezuela empatando en el liderazgo del segmento de 41 a 60 años con un 50%, y Colombia situándose a la vanguardia de la longevidad con un 41%. A partir de estos datos demográficos recopilados por Latinobarómetro 2024 sobre una muestra de 19,215 encuestados evangélicos, se concluye que la tentación del mesianismo político y el autoritarismo eficientista ha calado profundamente en diversos sectores eclesiales, que ven en la transgresión de las leyes un atajo pragmático frente al estancamiento de los procesos democráticos.
Esta dimensión del respaldo al quebrantamiento institucional entre los evangélicos encuentra fundamento, contexto y respuesta en las enseñanzas bíblicas sobre el respeto al orden legal, la justicia, la limitación del poder terrenal y la soberanía de Dios. Las Sagradas Escrituras instruyen a los creyentes a someterse a las autoridades y a valorar la legalidad como un instrumento de contención del mal, tal como afirma el apóstol Pablo en Romanos 13:1-2 al declarar: «Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste». No obstante, la teología bíblica también advierte contra la idolatría del poder estatal y la tentación de sustituir el imperio de la ley por la voluntad absoluta de un gobernante, recordando lo expresado en Deuteronomio 17:18-20, donde se exige que el rey mismo escriba una copia de la ley y la obedezca para que «no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a la derecha ni a la izquierda». El marco teológico que contextualiza los datos de esta gráfica exige comprender que la fe evangélica no puede validar la transgresión de la institucionalidad en nombre del pragmatismo, pues el absolutismo político viola el principio distributivo de la justicia y vulnera la dignidad humana; por tanto, justificar que un mandatario viole las leyes para «solucionar problemas» confunde el orden gubernamental con una tiranía pragmática que contradice el modelo bíblico de gobernanza justa, equitativa y limitada.
El grupo etario de 16 a 25 años evidencia una marcada disparidad territorial frente al concepto del autoritarismo presidencial, moviéndose en un rango porcentual que se extiende desde el 0% absoluto hasta un elevado 40%. En la cúspide de esta cohorte juvenil se posiciona Paraguay liderando con un 40%, seguido en orden descendente por Guatemala con 38%, las naciones de Costa Rica, Ecuador y Panamá empatadas con un 24%, Perú con 22%, El Salvador y Honduras con 21% cada uno, República Dominicana con 20%, Argentina y Brasil con 13% cada uno, Venezuela con 13%, Bolivia con 11%, Colombia con 6%, mientras que Chile y México se ubican en la base con un rotundo 0%. Las causas probables de la alta permisividad en países como Paraguay y Guatemala radican en la frustración de la juventud ante la ineficacia legislativa y la corrupción sistémica, lo que genera una desilusión democrática que los lleva a desear caudillos fuertes capaces de imponer soluciones inmediatas. En términos de implicaciones pastorales, es urgente consolidar una educación cívica cristiana que enseñe a los jóvenes que el fin no justifica los medios y que la preservación de las libertades religiosas y civiles depende directamente de la existencia de leyes e instituciones sólidas. Para las políticas públicas, estos porcentajes advierten sobre una preocupante erosión del valor democrático en las nuevas generaciones, exigiendo reformas institucionales que devuelvan la transparencia y la efectividad al sistema republicano.
La cohorte etaria de 26 a 40 años exhibe los niveles más desorbitados de adscripción al poder ejecutivo absoluto, registrando el porcentaje más alto de toda la encuesta y moviéndose dentro de un amplio rango porcentual que oscila entre el 10% y el 63%. Este segmento se encuentra abrumadoramente liderado por Argentina con un colosal 63%, seguido por Chile con 50%, Bolivia y Honduras empatados con 44%, República Dominicana con 40%, Venezuela con 38%, El Salvador con 35%, Paraguay con 33%, Brasil con 32%, Panamá con 31%, Guatemala y México con 26% cada uno, Uruguay con 25%, Colombia con 24%, Perú con 22%, Costa Rica con 17%, y finalmente Ecuador en la base con un 10%. La drástica concentración de apoyo al sesgo autoritario en esta etapa de la vida productiva responde a la desesperación de los adultos jóvenes por resolver crisis económicas severas, inseguridad ciudadana y estancamiento social, factores que eclipsan el valor de la deliberación parlamentaria a favor de la inmediatez ejecutiva. Pastoralmente, este escenario demanda una confrontación profética directa contra la tentación de confiar la redención de la sociedad a figuras políticas mesianicas, recordando a la Iglesia que la concentración desmedida de poder inevitablemente deriva en abusos de autoridad e injusticia social. Desde la perspectiva de las políticas públicas, la magnitud de estas cifras en países clave evidencia una crisis profunda de representatividad que pone en riesgo el equilibrio de poderes y la estabilidad democrática de la región.
El rango etario de 41 a 60 años demuestra el afianzamiento y la masificación del consenso autoritario en la mediana edad, operando dentro de un rango porcentual sumamente alto que va desde un 13% hasta un 50%. La vanguardia de este sector está encabezada conjuntamente por México y Venezuela alcanzando un 50% cada uno, secundados de cerca por Ecuador con 48%, Perú con 44%, Panamá con 41%, Brasil con 39%, República Dominicana con 36%, Argentina y Costa Rica empatados con 35%, Bolivia y Paraguay con 33% cada uno, Honduras y México compartiendo el indicador, El Salvador con 23%, y ubicándose en la base inferior Paraguay y Bolivia con las cifras más reducidas dentro del grupo. El comportamiento de este sector adulto maduro refleja una peligrosa normalización del quiebre institucional, motivada por décadas de ser testigo de la ineficiencia de los congresos y tribunales de justicia, lo que promueve la percepción errónea de que las instituciones son obstáculos burocráticos y no salvaguardas de la libertad. Las implicaciones pastorales para este grupo requieren un reentrenamiento en teología pública que reafirme que Dios es un Dios de orden y justicia, y que el quebrantamiento de la ley por parte del gobernante vulnera los mandamientos divinos sobre la equidad. Para las autoridades estatales y organismos internacionales, estos datos alertan sobre un severo debilitamiento de la cultura institucional en la población evangélica madura, amenazando la sostenibilidad de los marcos constitucionales.
El grupo etario de 61 años y más exhibe un comportamiento altamente polarizado donde conviven núcleos de fuerte arraigo autoritario con naciones de rechazo total a la discrecionalidad presidencial, moviéndose en un rango porcentual que va del 0% al 41%. El liderazgo indiscutible de este segmento de la tercera edad corresponde a Colombia con un 41%, seguido por México y Uruguay con un 25% cada uno, Costa Rica con 24%, Chile y El Salvador empatados con 21%, Ecuador con 19%, Brasil y Venezuela con 15% cada uno, Paraguay con 13%, Argentina con 12% (en la tabla aparece Argentina 0% en 61 y mas, corrigiendo según tabla exactitud: Colombia 41%, México 25%, Costa Rica 24%, Chile y El Salvador 21%, Ecuador 19%, Brasil 15%, Paraguay 13%, Bolivia y Perú 11%, Guatemala 6%, República Dominicana 4%, Honduras y Panamá 3%, mientras que Argentina, Uruguay y Venezuela registran un rotundo 0%). Este rango de 0% a 41% devela que en países como Colombia aún persiste una fuerte exigencia de mano dura presidencial entre la población longeva, mientras que en naciones como Argentina, Uruguay y Venezuela existe un rechazo absoluto a que el presidente viole la ley, probablemente por el trauma histórico de dictaduras o regímenes autoritarios sufridos en el pasado. Pastoralmente, se debe rescatar la memoria histórica y la sabiduría de los ancianos que rechazan el absolutismo, guiando a la congregación a orar por las autoridades sin idolatrarlas. Finalmente, estos datos instan de manera profética a recordar que ninguna crisis justifica el atropello de la ley, pues un gobierno que se coloca por encima de las instituciones termina inevitablemente colocándose por encima de la justicia divina.
