Los datos del Latinobarómetro 2024, sustentados en encuestados evangélicos distribuidos en quince países de América Latina, revelan que la respuesta «la democracia puede funcionar sin Congreso Nacional» ante la afirmación de que no puede haber democracia sin Congreso Nacional presenta una distribución con valores notablemente elevados en varios países y grupos etarios, siendo especialmente llamativo que Paraguay registre el valor más alto del grupo 16-25 con 47% y México lidere el segmento 26-40 con 45%, configurando un patrón de escepticismo hacia el poder legislativo como institución necesaria de la democracia que resulta analíticamente preocupante en su extensión y consistencia. El grupo de 26 a 40 años registra los porcentajes más destacados con México encabezando con 45%, seguido de Perú con 44%, Bolivia con 40%, Brasil con 39% y El Salvador con 34%. El segmento de 41 a 60 años exhibe cifras relevantes con Argentina liderando con 41%, seguido de Chile con 39%, Brasil con 30% y Ecuador con 34%. El rango del grupo 16-25 oscila entre 3% y 47%, y el de 26-40 entre 24% y 45% según los mapas de la gráfica. El segmento de 61 y más presenta como valor más destacado a Uruguay con 29% y Costa Rica con 26%. Este fenómeno revela que una proporción significativa del evangelicalismo latinoamericano ha desarrollado la percepción de que el poder legislativo —el Congreso o Parlamento— es prescindible para el funcionamiento de la democracia, lo que constituye una señal de alarma sobre la comprensión de los principios de separación de poderes y representación popular dentro de las comunidades de fe de la región.
Esta dimensión de escepticismo hacia el Congreso como institución necesaria de la democracia entre los evangélicos encuentra un contexto teológico complejo que interpela tanto las enseñanzas bíblicas sobre el orden institucional como la experiencia histórica de las comunidades de fe con los poderes legislativos de sus países. Isaías 33:22 establece la concepción bíblica de la separación de funciones en el gobierno: «Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey; él mismo nos salvará», identificando tres funciones gubernamentales distintas — judicativa, legislativa y ejecutiva — que en el pensamiento político reformado posterior se convirtieron en el fundamento bíblico de la doctrina de la separación de poderes. Esta comprensión teológica de que el poder de legislar es una función específica y necesaria del gobierno que no puede ser absorbida por el ejecutivo sin generar tiranía fundamenta la importancia del Congreso como la institución que ejerce esa función legislativa en nombre del pueblo. Deuteronomio 1:9-13 narra la institución por Moisés de un sistema de representación y deliberación colectiva para gobernar al pueblo de Israel: «Escoged de entre vosotros hombres sabios y entendidos y expertos, de vuestras tribus, y yo los pondré por vuestros jefes», estableciendo el principio bíblico de que la gestión de los asuntos colectivos requiere una pluralidad de representantes deliberantes antes que la concentración de todas las decisiones en una sola figura, lo que describe exactamente la función que el Congreso debería cumplir en un sistema democrático. Lucas 12:14 narra cómo Jesús se negó a ejercer funciones de árbitro en una disputa de herencia, estableciendo el principio de que cada institución debe mantenerse dentro de sus competencias específicas sin absorber las funciones de otras, lo que constituye el fundamento teológico más directo del principio de separación de poderes que el Congreso encarna como contrapeso al ejecutivo.
El grupo etario de 16 a 25 años evidencia una distribución con Paraguay encabezando con 47%, seguido de Venezuela con 41%, Ecuador con 25%, El Salvador con 26% y Guatemala con 26%. En el extremo inferior se ubica Uruguay con apenas 3%, Chile con 6% y Brasil con 17%, configurando un rango que oscila entre 3% y 47% según los mapas de la gráfica. El liderazgo de Paraguay (47%) en la juventud evangélica para la percepción de que la democracia puede funcionar sin Congreso resulta analíticamente coherente con el patrón ya establecido de polarización evaluativa extrema dentro del evangelicalismo juvenil paraguayo, aunque es especialmente preocupante que casi la mitad de los jóvenes creyentes paraguayos encuestados considere prescindible el poder legislativo para el funcionamiento democrático. Venezuela (41%) registrando el segundo valor más alto en este segmento resulta coherente con el contexto de un país donde la Asamblea Nacional — el Congreso venezolano — ha sido sistemáticamente deslegitimada, sus funciones transferidas a otras instancias y su autoridad ignorada por el poder ejecutivo durante años, generando en la juventud evangélica venezolana la percepción de que el sistema político puede funcionar — aunque sea deficientemente — sin que el Congreso tenga un papel real en las decisiones que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. El dato de Uruguay (3%) confirmando el menor nivel de escepticismo hacia el Congreso entre la juventud evangélica de toda la muestra resulta coherente con el perfil de un país donde el Parlamento ha mantenido mayor relevancia, credibilidad y funcionamiento efectivo que en la mayoría de sus vecinos regionales.
La cohorte de 26 a 40 años demuestra ser el grupo con mayor concentración de escepticismo hacia el Congreso como institución necesaria, con México encabezando con 45%, seguida de Perú con 44%, Bolivia con 40%, Brasil con 39% y Colombia con 36%. Los valores más bajos del grupo se encuentran en Uruguay con apenas 24%, Venezuela con 24% y Costa Rica con 27%, configurando un rango que oscila entre 24% y 45% según los mapas. El liderazgo de México (45%) en este segmento resulta especialmente significativo porque México ha experimentado recientemente transformaciones en el papel del Congreso — con una mayoría legislativa que ha facilitado reformas constitucionales de gran alcance con escaso debate deliberativo real — que han generado en la generación evangélica adulto-joven una percepción de que el Congreso funciona más como instrumento de ratificación del ejecutivo que como contrapeso legislativo genuino, haciendo comprensible la percepción de su prescindibilidad. Perú (44%) en segundo lugar resulta coherente con el perfil de un país donde el Congreso ha sido protagonista de crisis institucionales recurrentes — con disolucionnes, enfrentamientos con el ejecutivo y escándalos de corrupción — que han erosionado severamente su credibilidad como institución representativa, generando en los adultos jóvenes evangélicos peruanos la percepción de que la democracia podría funcionar mejor sin esa institución desacreditada que con ella en su estado actual.
El rango etario de 41 a 60 años exhibe los valores más altos de escepticismo hacia el Congreso en varios países, con Argentina liderando con 41%, seguida de Chile con 39%, Ecuador con 34%, El Salvador con 27% y Colombia con 30%. Los valores más bajos del grupo se encuentran en Venezuela con apenas 21%, México con 29% y Uruguay con 26%, configurando un rango que oscila entre 18% y 41% según los mapas de la gráfica. El liderazgo de Argentina (41%) en el segmento de mediana edad para la percepción de prescindibilidad del Congreso resulta coherente con el perfil de un país donde el poder legislativo ha sido frecuentemente percibido como un obstáculo para la gobernabilidad antes que como un facilitador de la representación y la deliberación democrática, con escándalos de corrupción legislativa, ausentismo, y la práctica de legislar a favor de intereses corporativos antes que ciudadanos contribuyendo a la deslegitimación de la institución entre los creyentes evangélicos de mediana edad. Chile (39%) en segundo lugar resulta significativo en el contexto del fracasado proceso constituyente chileno, donde la Convención Constitucional — un tipo de asamblea legislativa extraordinaria — demostró ser incapaz de producir un texto aceptable para la mayoría de los chilenos, generando en la comunidad evangélica de mediana edad una asociación negativa entre las asambleas deliberativas y la producción de resultados legitimados por la ciudadanía, lo que puede haber reforzado la percepción de que el Congreso regular es igualmente prescindible.
La generación de 61 años y más presenta una distribución con Uruguay encabezando con 29%, seguida de Costa Rica con 26%, Chile con 19%, Colombia con 17% y Argentina con 12%. Los valores más bajos del grupo se encuentran en México con apenas 5%, Bolivia con 9% y El Salvador con 12%, configurando un rango que oscila entre 5% y 29% según los mapas de la gráfica. El liderazgo de Uruguay (29%) en los adultos mayores evangélicos para la percepción de prescindibilidad del Congreso resulta paradójico considerando que Uruguay tiene el Parlamento con mayor tradición y credibilidad institucional de América Latina, pero puede explicarse como parte del fenómeno más amplio de desconfianza hacia los partidos y las instituciones políticas tradicionales que ha aumentado incluso en Uruguay en los últimos años. Costa Rica (26%) en segundo lugar en este segmento es coherente con el contexto de una democracia costarricense donde el poder legislativo ha estado frecuentemente bloqueado por la fragmentación del sistema de partidos y la incapacidad de construir mayorías legislativas estables, generando en la comunidad evangélica de mayor edad la percepción de que la democracia costarricense podría funcionar más eficientemente con un poder ejecutivo con mayor capacidad de acción sin los bloqueos legislativos que el Congreso actual produce. En su conjunto, los altos niveles de escepticismo hacia el Congreso como institución necesaria que esta gráfica documenta constituyen una de las señales más preocupantes sobre la comprensión democrática del evangelicalismo latinoamericano: una comunidad de fe que percibe como prescindible el poder legislativo — la institución más directamente representativa de la soberanía popular en el sistema democrático — está más vulnerable a aceptar sistemas de gobierno donde el ejecutivo concentra el poder sin el contrapeso legislativo que la historia ha demostrado ser la salvaguarda más efectiva contra la tiranía, y que las Escrituras, al distribuir las funciones del gobierno entre diferentes instituciones, reconocen como una necesidad estructural del orden político humano.
