Los datos del Latinobarómetro 2023 revelan que la mayoría de evangélicos latinoamericanos no poseen automóvil, evidenciando limitaciones significativas en movilidad privada. Brasil constituye la única excepción con 51.74% de propiedad, seguido por Costa Rica (44.27%), Panamá (43.35%) y Argentina (42.86%), países donde aproximadamente 4 de cada 10 hogares poseen vehículo. Chile (38.84%), México (37.95%) y Uruguay (36.71%) mantienen tasas superiores al 36%. En contraste, Colombia (10.60%) y Perú (10.79%) registran apenas cerca del 11% de propiedad vehicular, las cifras más bajas de la región. Venezuela (17.18%), Bolivia (23.58%), Ecuador (23.79%) y República Dominicana (23.51%) no superan el 24%, evidenciando que más de tres cuartos de evangélicos en estos países carecen de automóvil propio.
Esta realidad de movilidad limitada contrasta con el principio bíblico de mayordomía y provisión familiar expresado en Proverbios 21:5: «Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza». La posesión de automóvil representa capacidad económica para inversiones significativas y facilita el cumplimiento de responsabilidades laborales, familiares y comunitarias. Sin embargo, la ausencia de vehículo propio no indica necesariamente pobreza sino adaptación a sistemas de transporte público y priorización de recursos hacia necesidades básicas más apremiantes como vivienda, alimentación y educación.
Existe una brecha de 41.14 puntos porcentuales entre Brasil (51.74%) y Colombia (10.60%), la segunda disparidad más amplia después de lavarropas. Colombia (89.40%) y Perú (89.21%) presentan aproximadamente 9 de cada 10 hogares evangélicos sin automóvil, seguidos por Venezuela (82.82%), Honduras (77.75%), Bolivia (76.42%) y Ecuador (76.21%), todos superando el 76% sin vehículo. Esta concentración en países andinos y centroamericanos, combinada con geografías montañosas y sistemas de transporte público limitados, sugiere desafíos particulares de movilidad que afectan acceso a oportunidades económicas, educativas y participación en actividades religiosas comunitarias.
Argentina (42.86%), Costa Rica (44.27%) y Panamá (43.35%) conforman el grupo con mayor propiedad después de Brasil, todos cercanos al 43-44%, representando economías con clases medias más desarrolladas. Paraguay (33.33%), Uruguay (36.71%) y México (37.95%) mantienen aproximadamente un tercio de hogares con automóvil. Chile (38.84%) presenta una situación interesante donde a pesar de altos índices en otros bienes como lavarropas (96.69%) y celular (96.69%), solo 38.84% posee vehículo, sugiriendo priorización de otros bienes o desarrollo robusto de transporte público que reduce necesidad de automóvil privado en contextos urbanos.
Guatemala (27.81%), El Salvador (28.61%) y Honduras (22.25%) muestran entre 22-29% de propiedad vehicular, cifras bajas pero superiores a Colombia y Perú. República Dominicana (23.51%), Bolivia (23.58%) y Ecuador (23.79%) se agrupan en torno al 23-24%, evidenciando que aproximadamente tres cuartos de evangélicos carecen de automóvil. Venezuela (17.18%) presenta apenas 17.18% de propiedad, reflejando el colapso económico donde incluso familias que anteriormente poseían vehículos enfrentan dificultades para mantenerlos operativos debido a escasez de repuestos y combustible, situación que contrasta con su relativamente alta penetración de celulares (76.92%).
El estudio revela que la propiedad de automóvil constituye el bien menos accesible para evangélicos latinoamericanos después del lavarropas en países centroamericanos. Solo Brasil supera el 50% de propiedad mientras Colombia y Perú registran apenas 10.6-10.8%, con aproximadamente 9 de cada 10 hogares sin vehículo. La brecha de 41 puntos porcentuales entre extremos evidencia profundas disparidades económicas que limitan movilidad, acceso a oportunidades y participación comunitaria. Aproximadamente entre 10% y 52% de evangélicos poseen automóvil según el país, reflejando que para la mayoría regional el transporte público, colectivo o alternativo permanece como única opción viable, impactando directamente autonomía de desplazamiento, capacidades laborales y participación en actividades eclesiales que requieren movilidad.
