La recepción de beneficios gubernamentales por parte de evangélicos o sus familias muestra variaciones significativas entre países latinoamericanos, con un promedio regional de aproximadamente 35% sin acceso. Honduras lidera la exclusión con 91.35% sin beneficios, seguido por Guatemala (89.91%), El Salvador (86.87%), Ecuador (77.88%) y Costa Rica (76.40%). En el extremo opuesto, México (44.91%), Venezuela (45.38%), Chile (40.50%) y Brasil (50.00%) presentan los porcentajes más bajos de exclusión, indicando que entre 50-55% de evangélicos en estos países acceden a algún tipo de apoyo gubernamental. Esta distribución de más de 46 puntos porcentuales entre Honduras y México revela disparidades dramáticas en cobertura de programas sociales, donde mayorías abrumadoras en algunos países permanecen completamente excluidas de redes de protección gubernamental mientras otros contextos alcanzan aproximadamente la mitad de evangélicos con algún beneficio.
El rol del gobierno en provisión social encuentra balance bíblico entre Romanos 13:4 que describe autoridades como «servidor de Dios para tu bien» y advertencias sobre dependencia excesiva de sistemas humanos versus confianza en provisión divina. Los evangélicos que reciben beneficios gubernamentales (65% promedio combinando todas las categorías afirmativas) experimentan apoyo estatal en formas diversas desde asistencia individual hasta familiar, reflejando reconocimiento gubernamental de vulnerabilidades socioeconómicas. Sin embargo, la exclusión de 35% promedio que no recibe ningún beneficio plantea preguntas sobre si gobiernos están cumpliendo responsabilidades de proteger a más vulnerables. Las iglesias evangélicas enfrentan desafíos de equilibrar gratitud por asistencia gubernamental legítima, promoción de dignidad mediante trabajo y autosuficiencia, y crítica profética cuando estados fallan en proteger a pobres como mandato bíblico establece en Salmos 82:3-4.
Los países donde evangélicos acceden mayormente a beneficios de manera individual muestran programas focalizados en personas. Brasil (23.90%), Argentina (20.00%) y República Dominicana (19.35%) lideran con aproximadamente uno de cada cinco evangélicos recibiendo beneficios personalmente, seguidos por Chile (18.18%) y Uruguay (15.19%). Estos porcentajes sugieren programas de transferencias condicionadas, pensiones no contributivas, subsidios alimentarios o asistencia directa a individuos vulnerables. Venezuela (26.15%) destaca particularmente con el porcentaje más alto de beneficios individuales, posiblemente reflejando programas gubernamentales masivos de asistencia en contexto de crisis económica severa. En contraste, Honduras (1.08%), Guatemala (2.85%), México (3.59%) y Paraguay (4.05%) presentan acceso individual mínimo bajo 5%, indicando programas gubernamentales con cobertura extremadamente limitada o inexistente para mayorías evangélicas.
La recepción de beneficios familiares (donde tanto el encuestado como familiares cercanos reciben apoyo) alcanza niveles significativos en México (38.92%), Chile (28.10%), República Dominicana (24.80%), Brasil (24.21%) y Panama (21.52%). Estos porcentajes indican que aproximadamente uno de cada cuatro a tres hogares evangélicos en estos países accede a múltiples beneficios gubernamentales distribuidos entre miembros familiares, sugiriendo programas con cobertura amplia que alcanzan varios integrantes de núcleos familiares. Argentina (21.33%), Uruguay (20.25%) y Paraguay (20.95%) también superan el 20% con beneficios familiares múltiples. En contraste, El Salvador (6.31%), Guatemala (6.36%), Honduras (5.41%) y Costa Rica (14.59%) presentan cobertura familiar significativamente menor, indicando que menos de uno de cada diez a siete hogares evangélicos en estos países recibe múltiples beneficios gubernamentales distribuidos entre miembros.
La categoría de beneficios recibidos por «ambos» (interpretada como el encuestado y familiares simultáneamente) muestra porcentajes generalmente bajos pero notables en Venezuela (15.64%), Chile (13.22%) y México (12.57%). Estos datos sugieren que aproximadamente uno de cada siete a ocho evangélicos en estos contextos vive en hogares donde múltiples miembros acceden independientemente a diferentes programas gubernamentales, indicando cobertura relativamente amplia de redes de protección social. La mayoría de países mantiene esta categoría bajo 5%, con Costa Rica (0.90%), Perú (0.83%) y Guatemala (0.88%) presentando niveles mínimos, sugiriendo que superposición de beneficios entre miembros de mismo hogar es excepcional en estos contextos, posiblemente debido a diseños de programas que evitan duplicación o simplemente cobertura limitada que hace improbable que múltiples miembros de una familia accedan simultáneamente.
El panorama de beneficios gubernamentales evangélicos latinoamericanos revela profundas desigualdades en cobertura de protección social. Honduras (91.35%), Guatemala (89.91%) y El Salvador (86.87%) lideran la exclusión con más de nueve de cada diez evangélicos sin ningún beneficio gubernamental, revelando estados con capacidades limitadas o voluntad política insuficiente para proteger poblaciones vulnerables. Ecuador (77.88%), Costa Rica (76.40%) y Perú (75.42%) también superan el 75% sin beneficios, indicando que más de tres cuartos permanecen completamente excluidos de redes de protección. En contraste, México presenta el patrón más inclusivo con 55.09% recibiendo algún beneficio (44.91% sin beneficios), seguido por Venezuela (54.62% con beneficios), Chile (59.50% con beneficios) y Brasil (50.00% cada categoría). México destaca particularmente con 38.92% recibiendo beneficios familiares múltiples, el porcentaje más alto regional, sugiriendo programas como Prospera, pensiones para adultos mayores y otros con cobertura amplia. Chile muestra distribución más equilibrada con 18.18% individual, 13.22% ambos y 28.10% familiar, totalizando aproximadamente 60% con algún beneficio. Venezuela presenta paradoja interesante donde 54.62% recibe beneficios a pesar de crisis económica severa, posiblemente reflejando programas masivos de asistencia gubernamental como CLAP, bonos y subsidios que intentan mitigar colapso económico. Las iglesias evangélicas enfrentan desafíos contextualizados: en países con alta exclusión (Honduras, Guatemala, El Salvador), urgencia de desarrollar redes propias de protección social dado fracaso estatal; en países con cobertura moderada (México, Chile, Brasil), oportunidades de complementar programas gubernamentales con servicios adicionales y advocacy por expansión de cobertura; en contextos de crisis con alta dependencia gubernamental (Venezuela), necesidad de equilibrar gratitud por asistencia con promoción de dignidad y autosuficiencia que trascienda dependencia de sistemas políticos potencialmente manipuladores. La realidad de que 35% promedio regional permanece sin ningún beneficio gubernamental mientras muchos enfrentan vulnerabilidades económicas severas documentadas en gráficas anteriores demanda que iglesias y gobiernos colaboren en proteger a más vulnerables, cumpliendo mandatos tanto bíblicos como constitucionales de garantizar dignidad básica a todos los ciudadanos independientemente de afiliación religiosa, reconociendo que estados tienen responsabilidades de protección social que complementan pero no reemplazan caridad cristiana y solidaridad comunitaria que deben caracterizar cuerpo de Cristo respondiendo a necesidades materiales con amor práctico que refleja compasión del Padre celestial que cuida de huérfanos, viudas y marginados como prioridad especial de su corazón misericordioso.
