Los datos del Latinobarómetro 2024, sustentados en encuestados evangélicos distribuidos en quince países de América Latina, revelan que la respuesta «el Gobierno» como primera mención ante la pregunta sobre quién tiene más poder en el país presenta una distribución que concentra sus valores más elevados en el grupo de 26 a 40 años, con Uruguay encabezando con 52% y Perú con 43%, configurando la percepción mayoritaria del evangelicalismo adulto-joven de que el poder ejecutivo constituye el actor más dominante del escenario político nacional. El grupo de 26 a 40 años registra los porcentajes más destacados con Uruguay liderando con 52%, seguida de Argentina con 43%, México con 43% y Perú con 43%. El segmento de 41 a 60 años exhibe cifras relevantes con Costa Rica liderando con 45%, seguida de Bolivia con 22%, Argentina con 30% y Colombia con 25%. El rango del grupo 16-25 oscila entre 8% y 48%, y el de 26-40 entre 28% y 52% según los mapas de la gráfica. El segmento de 61 y más presenta como valores más destacados a Chile con 38% y Venezuela con 26%. Este fenómeno inaugura una nueva serie sobre percepciones de poder que completa el retrato político del evangelicalismo latinoamericano: la identificación del gobierno como el actor más poderoso del escenario nacional refleja tanto la percepción de centralización del poder ejecutivo en las democracias latinoamericanas como la experiencia concreta de comunidades de fe que han visto cómo las decisiones gubernamentales afectan directamente sus libertades religiosas, sus condiciones económicas y sus posibilidades de misión y servicio en sus contextos nacionales.
Esta dimensión de percepción del gobierno como actor principal del poder político entre los evangélicos encuentra un contexto teológico en las enseñanzas bíblicas sobre la naturaleza y los límites del poder gubernamental, la responsabilidad de las autoridades ante Dios que les concede ese poder y el llamado de la comunidad de fe a relacionarse con ese poder desde la claridad sobre su origen, sus funciones y sus límites. Daniel 4:17 establece el principio teológico fundamental sobre el origen del poder gubernamental: «Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres», afirmando que todo poder político — incluyendo el del gobierno que los evangélicos latinoamericanos identifican como el más poderoso de sus países — es un poder delegado que Dios concede y puede retirar, y que por tanto está sometido a los propósitos divinos antes que a la voluntad arbitraria de quien lo ejerce. Esta perspectiva teológica de la delegación del poder tiene implicaciones directas sobre la manera en que los creyentes perciben y se relacionan con el gobierno: no como fuente autónoma y absoluta del poder sino como administradora temporal de una autoridad que tiene límites divinos y debe rendir cuentas al Dios que se la confió. Romanos 13:4 establece la función legítima del gobierno como criterio para evaluar su ejercicio del poder: «porque es servidor de Dios para tu bien», lo que implica que la pregunta relevante ante la percepción de quién tiene más poder no es solo cuánto poder tiene el gobierno sino si ese poder está siendo ejercido en función del bien de todos los ciudadanos — incluyendo las comunidades evangélicas que a menudo se sienten más afectadas por las decisiones gubernamentales de lo que su tamaño numérico haría suponer. Jeremías 29:7 añade el mandato a la comunidad de fe de procurar activamente el bien de la ciudad donde vive: «Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz», estableciendo que el reconocimiento del poder gubernamental como el más dominante del escenario político no debe generar pasividad sino participación activa en la construcción del bien común que ese gobierno, con todo su poder, debería pero frecuentemente no logra producir por sí solo.
El grupo etario de 16 a 25 años evidencia los porcentajes más bajos de percepción del gobierno como actor más poderoso en la mayoría de los países, con Paraguay encabezando con 48%, seguida de Bolivia con 38%, Brasil con 28% y El Salvador con 28%. En el extremo inferior se ubican Chile con apenas 8%, Argentina con 9% y Uruguay con 12%, configurando un rango que oscila entre 8% y 48% según los mapas de la gráfica. El liderazgo de Paraguay (48%) en la juventud evangélica para percepción del gobierno como actor más poderoso resulta coherente con el contexto de un país donde el poder ejecutivo ha mantenido históricamente una presencia dominante en el escenario político, con escasos contrapesos institucionales efectivos, lo que ha generado en la juventud creyente paraguaya la percepción clara de que el gobierno es el actor que más directamente determina las condiciones de vida de sus comunidades. Los datos extraordinariamente bajos de Chile (8%) y Argentina (9%) en la juventud evangélica para percepción gubernamental del poder resultan llamativos porque en ambos países el debate político reciente ha girado precisamente alrededor de disputas sobre el poder del ejecutivo, sugiriendo que la juventud creyente de esos países distribuye la percepción del poder entre múltiples actores — medios de comunicación, grandes empresas, poderes fácticos — antes que concentrarla en el gobierno, lo que puede reflejar una comprensión más sofisticada o más fragmentada de la distribución del poder en sus sistemas políticos.
La cohorte de 26 a 40 años demuestra ser el grupo con mayor concentración de percepción del gobierno como actor más poderoso en la mayoría de los países, con Uruguay liderando con 52%, seguida de Argentina con 43%, México con 43% y Perú con 43%. Los valores más bajos del grupo se encuentran en Paraguay con apenas 36%, Venezuela con 30% y Costa Rica con 29%, configurando un rango que oscila entre 28% y 52% según los mapas. El liderazgo de Uruguay (52%) en este segmento resulta coherente con el perfil de un país donde el gobierno — especialmente durante períodos de mayoría del Frente Amplio y posteriormente — ha mantenido una presencia muy activa en la vida económica y social, con un Estado de bienestar más desarrollado que el promedio latinoamericano que hace que sus ciudadanos perciban de manera más directa y concreta la influencia del gobierno en sus condiciones de vida cotidianas. El empate entre Argentina (43%), México (43%) y Perú (43%) en segundo lugar reúne nuevamente tres experiencias nacionales muy distintas que producen la misma percepción del gobierno como actor más poderoso: en Argentina por la tradición de un Estado con alta capacidad de intervención en la economía, en México por la experiencia de un gobierno que ha concentrado poder legislativo y ejecutivo en proporciones inéditas en la historia reciente del país, y en Perú por la experiencia de un ejecutivo que ha intentado repetidamente concentrar poder antes de ser removido por el Congreso, generando la percepción de que el gobierno es el actor que más directamente afecta — para bien o para mal — las condiciones de vida de las comunidades evangélicas en esos contextos.
El rango etario de 41 a 60 años exhibe una distribución con Costa Rica liderando con 45%, seguida de Argentina con 30%, Colombia con 25%, México con 30% y El Salvador con 24%. Los valores más bajos del grupo se encuentran en Paraguay con apenas 9%, Perú con 17% y Bolivia con 22%, configurando un rango que oscila entre 9% y 45% según los mapas de la gráfica. El liderazgo de Costa Rica (45%) en el segmento de mediana edad para percepción del gobierno como actor más poderoso resulta coherente con el perfil de un Estado costarricense que históricamente ha tenido mayor presencia en la provisión de servicios públicos — educación, salud, infraestructura — que sus vecinos centroamericanos, lo que hace que los evangélicos costarricenses de mediana edad perciban de manera más directa la influencia del gobierno en sus condiciones de vida. El dato extraordinariamente bajo de Paraguay (9%) en este segmento de mediana edad — contrastando con su liderazgo de 48% en el grupo 16-25 — resulta uno de los contrastes más pronunciados de toda la gráfica y sugiere que los evangélicos paraguayos de mediana edad han desarrollado una percepción más distribuida del poder que sus jóvenes, identificando otros actores — empresas, élites económicas, poderes fácticos locales — como igualmente o más poderosos que el gobierno formal en la determinación de las condiciones de vida de sus comunidades.
La generación de 61 años y más presenta la distribución más diversa de toda la gráfica, con Chile encabezando con 38%, seguida de Venezuela con 26%, Argentina con 17% y Uruguay con 12%. Los valores más bajos del grupo se encuentran en Perú con apenas 3%, Bolivia con 9% y Paraguay con 6%, configurando un rango que oscila entre 3% y 38% según los mapas de la gráfica. El liderazgo de Chile (38%) en los adultos mayores evangélicos para percepción del gobierno como actor más poderoso resulta coherente con el perfil de una comunidad de creyentes de mayor edad que ha observado a lo largo de décadas cómo las decisiones del gobierno chileno — desde la dictadura hasta los gobiernos democráticos posteriores — han determinado de manera decisiva las condiciones de vida, las libertades religiosas y las oportunidades de desarrollo de sus congregaciones y familias. Venezuela (26%) en segundo lugar refleja que los adultos mayores evangélicos venezolanos, habiendo vivido la transición desde un gobierno democrático con poder relativamente limitado hasta el sistema actual de alta concentración del poder ejecutivo, reconocen en el gobierno el actor más poderoso de su escenario nacional, aunque probablemente con una connotación muy diferente a la que los creyentes de países con gobiernos más democráticos le atribuirían a esa percepción. En su conjunto, la percepción del gobierno como actor más poderoso refleja que el evangelicalismo latinoamericano tiene una conciencia clara de la centralidad del poder ejecutivo en sus sistemas políticos, lo que constituye tanto un punto de partida para la participación política informada como un llamado a las iglesias a enseñar que ese poder, por grande que sea, está sometido a la soberanía del Dios que lo concede, lo limita y lo evaluará según los criterios de justicia, misericordia y humildad que las Escrituras proclaman como el estándar definitivo para todo ejercicio del poder político en la historia humana.
