La confianza plena —expresada como «mucha confianza»— en el Poder Judicial entre los evangélicos latinoamericanos revela, según los datos del Latinobarómetro 2020 sobre la base de 20.000 encuestados, un panorama de adhesión institucional marcadamente contenida que contrasta con las expectativas que podría generar una comunidad de fe históricamente comprometida con los valores de justicia y legalidad. Los porcentajes registrados en esta categoría son, en términos generales, notablemente bajos para el conjunto de la región, oscilando entre el 2% de México, Paraguay y Perú —los tres países donde la confianza plena en el Poder Judicial es prácticamente inexistente entre los evangélicos— y el 20% de Uruguay, que lidera la tabla de manera destacada, seguido por Nicaragua y Rep. Dominicana ambas con 15%, El Salvador con 12%, Brasil con 11% y Costa Rica con 10%. En el rango intermedio se ubican Guatemala con 9%, Honduras con 5%, Venezuela con 5%, Panamá con 6%, Argentina con 4% y Ecuador también con 4%, mientras que Bolivia, Chile y Colombia registran apenas un 3% cada una, señalando que en estos tres países la confianza plena en el sistema judicial es casi residual dentro de la comunidad evangélica. Este cuadro general dibuja una geografía de escepticismo institucional profundo que, leído desde la perspectiva de la fe cristiana, no puede interpretarse únicamente como un dato sociológico neutro sino como una interpelación urgente al estado de la justicia en América Latina y a la responsabilidad de las iglesias evangélicas en la formación de una cultura cívica fundamentada en los valores bíblicos de equidad y protección del vulnerable.
Esta dimensión de la confianza —o más precisamente de su llamativa escasez— en el Poder Judicial entre los evangélicos latinoamericanos encuentra en las Escrituras un marco teológico que ayuda a contextualizar tanto el fenómeno como sus implicaciones para la vida de las comunidades de fe. El apóstol Pablo exhortaba a los creyentes de Roma a someterse a las autoridades constituidas reconociendo en ellas un instrumento del propósito divino (Romanos 13:1-4), pero esta disposición teológica hacia la autoridad civil no implica ingenuidad ante su funcionamiento concreto, pues el mismo apóstol que escribió esas palabras había experimentado en carne propia la injusticia de un sistema judicial que lo encarceló sin causa suficiente. El profeta Miqueas articula con precisión la demanda divina sobre quienes ejercen el poder judicial cuando declara que lo que Dios requiere es «solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios» (Miqueas 6:8), estableciendo así un estándar que los sistemas judiciales latinoamericanos, a juicio de la mayoría de los evangélicos encuestados, están lejos de cumplir. Jeremías añade una dimensión adicional al señalar que el conocimiento de Dios se manifiesta precisamente en el ejercicio de la justicia en favor del pobre y el necesitado (Jeremías 22:16), vinculando la legitimidad espiritual de las instituciones con su capacidad de proteger a los más vulnerables. Desde esta perspectiva, los porcentajes excepcionalmente bajos de «mucha confianza» que registra esta encuesta no son simplemente una opinión política de los evangélicos latinoamericanos, sino el reflejo de una evaluación teológicamente informada sobre la distancia que separa el ideal bíblico de justicia de la realidad institucional que estas comunidades experimentan cotidianamente en sus respectivos países.
Uruguay se destaca de manera singular en este análisis al registrar el porcentaje más alto de toda la tabla con un 20%, siendo el único país donde uno de cada cinco evangélicos encuestados declara tener mucha confianza en el Poder Judicial, un resultado que, aunque modesto en términos absolutos, resulta notable en el contexto regional y que puede explicarse por la tradición institucional más consolidada de ese país, su historia de menor corrupción relativa y la percepción de mayor independencia del poder judicial respecto a las presiones políticas y económicas. Nicaragua y Rep. Dominicana empatan en 15%, constituyendo el segundo bloque de mayor confianza, aunque sus contextos son profundamente distintos: mientras Nicaragua ha vivido en los últimos años una creciente concentración del poder que hace que este 15% resulte sorprendente, Rep. Dominicana ha experimentado reformas judiciales que pueden haber generado expectativas moderadamente positivas entre la comunidad evangélica. El Salvador sigue con 12% y Brasil con 11%, países donde la confianza plena, aunque minoritaria, tiene una presencia relativamente más significativa que en el resto de la región, posiblemente vinculada en el caso salvadoreño a las reformas de seguridad que han tenido impacto en la percepción de la institucionalidad, y en el caso brasileño a la complejidad de un sistema federal donde la experiencia judicial varía significativamente según el estado y el contexto socioeconómico del encuestado. Costa Rica cierra este grupo con un 10%, resultado que para un país con tradición democrática más robusta podría leerse como decepcionante, pero que en el contexto regional representa aún una posición relativamente favorable dentro del mapa de la confianza evangélica en el Poder Judicial latinoamericano.
Guatemala registra un 9%, Honduras un 5% y Venezuela también un 5%, países donde la confianza plena en el Poder Judicial es francamente marginal dentro de la comunidad evangélica y donde las razones de este escepticismo resultan comprensibles a la luz de contextos de alta impunidad, corrupción documentada y percepción generalizada de un sistema judicial que sirve a los intereses de las élites antes que a los derechos de los ciudadanos comunes. Panamá alcanza un 6%, Argentina y Ecuador ambos con 4%, porcentajes que señalan que en estos países la confianza plena es casi anecdótica, reservada a un margen muy pequeño de evangélicos que posiblemente han tenido experiencias personales positivas con el sistema o que mantienen una disposición ideológica más favorable hacia las instituciones del Estado. Bolivia, Chile y Colombia registran apenas un 3% cada uno, lo que significa que en estas tres naciones —de contextos políticos, económicos y sociales muy distintos entre sí— la confianza plena en el Poder Judicial entre los evangélicos es prácticamente inexistente, rozando el umbral del margen estadístico, y que la comunidad evangélica de estos países ha llegado a un consenso implícito de desconfianza institucional que trasciende las diferencias políticas internas y refleja una evaluación compartida sobre el funcionamiento real de sus sistemas judiciales. Pastoralmente, esta convergencia en la desconfianza entre países tan diferentes como Bolivia, Chile y Colombia interpela a las iglesias a preguntarse si están formando a sus congregantes para ser agentes de transformación institucional o si, por el contrario, el escepticismo generalizado está derivando en una privatización de la fe que renuncia a comprometerse con la esfera pública.
México, Paraguay y Perú comparten el porcentaje más bajo de toda la tabla con apenas un 2% cada uno, una cifra que en términos estadísticos es casi equivalente a cero y que representa el diagnóstico más severo de toda la encuesta: en estos tres países, la confianza plena en el Poder Judicial entre los evangélicos ha desaparecido casi por completo, dejando un margen tan estrecho que no puede considerarse representativo de ninguna tendencia significativa sino más bien de casos individuales que escapan a la percepción dominante de desconfianza total. México, con su historia reciente de violencia vinculada al crimen organizado y la percepción extendida de complicidad o impotencia judicial, Paraguay, con sus problemas documentados de corrupción e impunidad, y Perú, que ha atravesado una crisis institucional prolongada que ha incluido la destitución y procesamiento de múltiples presidentes y funcionarios judiciales de alto nivel, conforman así un trío de naciones donde la comunidad evangélica ha llegado a un veredicto prácticamente unánime de rechazo a la posibilidad de confiar plenamente en su sistema de justicia. Desde la perspectiva pastoral, este 2% compartido no es únicamente un dato estadístico sino una declaración colectiva que las iglesias evangélicas de estos países no pueden ignorar, pues interpela directamente su vocación profética y su responsabilidad como comunidades que, formadas en la tradición bíblica de la justicia, están llamadas a ser voces que clamen por la reforma de los sistemas que han fallado a sus pueblos.
El panorama general que emerge de este análisis del Latinobarómetro 2020 sobre la confianza plena de los evangélicos latinoamericanos en el Poder Judicial es el de una región donde la legitimidad judicial ha sido erosionada de manera tan profunda y generalizada que incluso la comunidad de fe más numerosa y de mayor crecimiento en América Latina —la evangélica— no logra encontrar en sus sistemas de justicia un referente confiable para la resolución de sus conflictos y la protección de sus derechos. Con un promedio regional que no alcanza el 7% de «mucha confianza», el cuadro que presenta esta encuesta es el de una crisis institucional de proporciones históricas que trasciende las fronteras nacionales y los contextos políticos particulares para revelarse como una característica estructural de la gobernabilidad latinoamericana. Desde la perspectiva de la fe evangélica, esta realidad convoca a las iglesias a asumir con mayor seriedad y profundidad su responsabilidad en la formación de una ciudadanía que no se resigne al escepticismo pasivo ni al rechazo nihilista, sino que, animada por la esperanza escatológica del Reino de Dios y la certeza de que «la justicia engrandece a la nación» (Proverbios 14:34), se comprometa activamente con la demanda, la vigilancia y la construcción de instituciones judiciales que estén verdaderamente al servicio de todos los habitantes de América Latina, especialmente de los más pobres, los más vulnerables y los que han esperado durante demasiado tiempo una justicia que aún no ha llegado.
En esta gráfica se puede observar que para el 20% de los evangélicos en Uruguay, opinan que tienen mucha confianza en el Poder Judicial. Le siguen Nicaragua y Rep. Dominicana con un 15%.
