
CRISIS DE LEGITIMIDAD PARLAMENTARIA: LA DESCONFIANZA TOTAL EN EL CONGRESO ENTRE LOS EVANGÉLICOS LATINOAMERICANOS
El fenómeno de la desconfianza institucional absoluta en el Congreso —expresada como «Ninguna confianza»— entre la población evangélica de América Latina constituye la señal más grave y urgente que el Latinobarómetro 2024, con sus 19,215 encuestados evangélicos, arroja sobre la relación entre el evangelicalismo regional y sus instituciones representativas. Los datos revelan que esta postura de rechazo total al poder legislativo no es marginal ni excepcional, sino que alcanza proporciones alarmantes en múltiples países y cohortes etarias, con especial concentración en los grupos de mayor edad. En la cohorte de 26 a 40 años, México lidera con 48%, seguido por Guatemala con 43%, Brasil con 40%, Perú con 40%, Bolivia con 33% y Venezuela con 36%, con un rango del 21% al 48%. En el grupo de 61 años y más, los valores ascienden de forma perturbadora: Chile encabeza con 39%, seguido por Uruguay con 32%, Argentina con 31%, Costa Rica con 29%, Colombia con 21% y Rep. Dominicana con 19%, con un rango del 10% al 39%, el más elevado en términos proporcionales de toda la tabla para esta categoría. El conjunto de los datos dibuja un evangelicalismo latinoamericano que, en porcentajes significativos y crecientes con la edad, ha llegado a la conclusión de que sus congresos nacionales no merecen ningún nivel de confianza, conclusión que interpela con urgencia profética tanto a las iglesias como a las instituciones del Estado.
Esta dimensión de la desconfianza total en el Congreso entre los evangélicos encuentra contexto perturbador y al mismo tiempo esperanza redentora en las enseñanzas bíblicas sobre la corrupción del poder humano y la fidelidad de Dios por encima de toda institución fallida. El apóstol Santiago advierte con dureza: «Vosotros, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán… habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos» (Santiago 5:1,5), pasaje que la tradición profética evangélica ha aplicado históricamente a las clases dirigentes que administran las instituciones del Estado en beneficio propio antes que del pueblo. El profeta Amós, en su denuncia más incisiva, declara: «Abominad el mal, y amad el bien, y estableced la justicia en juicio» (Amós 5:15), exhortación que fundamenta bíblicamente la postura de quienes se niegan a otorgar confianza a instituciones que sistemáticamente producen injusticia. Sin embargo, la tradición bíblica no autoriza la desesperanza ni el abandono del campo político: el mismo Jeremías que denunció la corrupción de los líderes de Israel trabajó incansablemente por la restauración de la comunidad, y el libro de Nehemías narra la reconstrucción de las instituciones de Jerusalén como acto de fe y no de rendición. La «ninguna confianza» registrada en los datos es, desde esta perspectiva teológica, una diagnosis honesta y necesaria, pero el evangelio exige que esa diagnosis sea el punto de partida de una renovación, no la justificación de una deserción del espacio público que, abandonado por los creyentes, queda entregado a quienes menos se preocupan por el bien común.
El grupo etario de 16 a 25 años evidencia niveles de desconfianza total en el Congreso que, aunque menores que en las cohortes mayores, resultan ya significativos y preocupantes para el futuro de la participación cívica evangélica, con Paraguay liderando con 35%, seguido por Bolivia con 24%, Venezuela con 20%, Perú con 18%, Colombia con 16%, El Salvador con 16%, Guatemala con 16%, Rep. Dominicana con 16%, Ecuador con 12%, Costa Rica con 12%, Panamá con 14%, Honduras con 12%, Chile con 11%, Argentina con 9%, Brasil con 8%, México con 10% y Uruguay con 0%, configurando un rango del 0% al 35% con una mediana aproximada en torno al 14-16%. El caso de Uruguay, con 0% de jóvenes evangélicos expresando «ninguna confianza» en el Congreso, es estadísticamente notable y refleja la particular inserción del evangelicalismo uruguayo en una cultura política de alta institucionalidad y tradición democrática sólida, donde incluso los grupos religiosos minoritarios han encontrado mecanismos de representación y diálogo con el poder legislativo. El liderazgo de Paraguay con 35% en cambio expresa la experiencia de una juventud evangélica que ha crecido en un contexto de dominación política prolongada con altos niveles de clientelismo percibido. Pastoralmente, estos jóvenes que ya no confían en nada del Congreso son los más vulnerables a la captación por discursos antidemocráticos o mesiánicos que prometen regeneración institucional por fuera de los canales representativos, lo que hace urgente que las iglesias desarrollen espacios de formación política desde la fe que ofrezcan alternativas constructivas al nihilismo institucional.
La cohorte de 26 a 40 años demuestra los niveles más elevados de desconfianza total en el Congreso de todas las cohortes activas, con México encabezando con 48%, seguido por Guatemala con 43%, Brasil con 40%, Perú con 40%, Venezuela con 36%, Colombia con 37%, Bolivia con 33%, Panamá con 33%, Honduras con 34%, Ecuador con 29%, El Salvador con 22%, Rep. Dominicana con 23%, Argentina con 25%, Chile con 21%, Costa Rica con 22%, Paraguay con 30% y Uruguay con 27%, lo que configura un rango del 21% al 48% con una concentración alarmante en la franja del 29-40%, indicando que entre los adultos jóvenes evangélicos la desconfianza total en el Congreso es ya una postura mayoritaria o cercana a serlo en numerosos países. El liderazgo de México con 48% en esta cohorte es particularmente grave dado el peso demográfico y político del país en el conjunto latinoamericano: casi la mitad de los evangélicos mexicanos de 26 a 40 años ha llegado a la conclusión de que su Congreso no merece ningún nivel de confianza, lo que habla de una ruptura profunda entre las instituciones representativas y las comunidades populares de fe en el país más poblado de habla hispana del mundo. Esta generación —la que más activamente debería participar en la vida democrática, la que vota, la que milita, la que potencialmente se postula a cargos— está siendo perdida para la participación institucional, y las iglesias evangélicas tienen una responsabilidad directa tanto en el diagnóstico de esta crisis como en la articulación de respuestas pastorales que devuelvan el sentido de agencia cívica a estos creyentes desilusionados.
El rango etario de 41 a 60 años exhibe una desconfianza total en el Congreso que se mantiene elevada y relativamente uniforme a lo largo de los diecisiete países, con Rep. Dominicana liderando con 41%, seguida por Costa Rica con 38%, Brasil con 38%, Panamá con 39%, Argentina con 34%, Ecuador con 37%, El Salvador con 35%, Bolivia con 29%, Honduras con 33%, Colombia con 26%, Chile con 30%, Guatemala con 31%, Uruguay con 27%, Venezuela con 30%, México con 28%, Perú con 26% y Paraguay con 23%, configurando un rango del 23% al 41% con una distribución que refleja una maduración del escepticismo institucional hacia posiciones de rechazo más definitivo que en la juventud. El liderazgo de Rep. Dominicana con 41% y Costa Rica con 38% en esta cohorte resulta especialmente significativo porque ambos países han sido históricamente considerados ejemplos relativos de estabilidad democrática en sus respectivas subregiones, lo que sugiere que la desconfianza total en el Congreso no es un fenómeno exclusivo de las democracias más frágiles sino una tendencia que permea incluso a las más consolidadas cuando fallan en su promesa de representar efectivamente a los sectores populares donde el evangelicalismo tiene mayor arraigo. Pastoralmente, este grupo etario —el de los líderes de mayor influencia en las iglesias— requiere un acompañamiento específico que ayude a transformar la desconfianza acumulada en propuesta constructiva, recordando con el apóstol Pablo que «no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio» (2 Timoteo 1:7), virtudes que la participación cívica exige precisamente cuando las instituciones defraudan.
La cohorte de 61 años y más presenta el perfil más sombrío de toda la investigación en términos de desconfianza institucional absoluta, constituyendo al mismo tiempo el testimonio más elocuente de décadas de observación crítica del desempeño legislativo latinoamericano, con Chile liderando con 39%, seguido por Uruguay con 32%, Argentina con 31%, Costa Rica con 29%, Colombia con 21%, Honduras con 21%, Rep. Dominicana con 19%, El Salvador con 26%, Ecuador con 22%, Panamá con 13%, Bolivia con 14%, Venezuela con 14%, Brasil con 15%, México con 14%, Paraguay con 12%, Perú con 16% y Guatemala con 10%, configurando un rango del 10% al 39% que, en su extremo superior, representa niveles de rechazo total verdaderamente históricos para una democracia como la chilena. Que casi cuatro de cada diez evangélicos chilenos mayores de 61 años no tengan ninguna confianza en el Congreso de su país es una sentencia demoledora pronunciada por quienes vivieron la democracia, el quiebre institucional de 1973, la dictadura y la transición, y que al final de ese largo peregrinaje histórico concluyen que el poder legislativo restaurado no ha cumplido su promesa de representar genuinamente al pueblo. La voz de estos adultos mayores evangélicos —forjada en la experiencia, templada por el sufrimiento y sostenida por la fe— es una voz profética que las iglesias tienen la responsabilidad de articular con dignidad ante el espacio público, recordando la promesa bíblica de que «los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas» (Isaías 40:31) y que la esperanza cristiana, a diferencia del optimismo ingenuo, no teme mirar de frente la realidad más dura para desde allí proclamar la posibilidad redentora de un futuro diferente.
