La inclinación a sustituir la deliberación democrática y los mecanismos de elección popular por un modelo de gobernanza tecnocrática se pone de manifiesto al analizar la respuesta «De acuerdo» ante la premisa de si deberíamos deshacernos de las elecciones y del parlamento y dejar que los expertos tomaran las decisiones por la gente. Este indicador mide un grado moderado pero constante de permisividad cultural hacia la suspensión de las instituciones representativas en el colectivo evangélico latinoamericano. Al evaluar la distribución de los porcentajes por cohortes etarias en los distintos países, se observa que la adscripción al gobierno de expertos encuentra picos de apoyo significativos en la adultez joven y madura. En este marco, destacan naciones como Paraguay liderando el segmento de 16 a 25 años con un 35%, México a la cabeza de la cohorte de 26 a 40 años con un 52%, Argentina encabezando el grupo de 41 a 60 años con un 50%, y Chile liderando la longevidad de 61 años y más con un 37%. A partir de los datos procesados por Latinobarómetro 2024 sobre la base de 19,215 encuestados evangélicos, se concluye que una porción considerable de la comunidad de fe percibe la tecnocracia como un camino pragmático para eludir la ineficiencia política y la polarización parlamentaria.
Esta conformidad con la supresión de las elecciones y el parlamento en favor del conocimiento técnico encuentra contexto, fundamento y respuesta en las enseñanzas bíblicas sobre la gobernanza, la rendición de cuentas y la justicia distributiva. La Escritura reconoce el valor de la instrucción y la pericia técnica, recordando en Proverbios 15:22 que «los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; mas en la multitud de consejeros se afirman». No obstante, la teología cristiana advierte severamente sobre los riesgos de concentrar el poder en grupos reducidos sin escrutinio democrático, pues la Caída afecta la naturaleza moral de todos los individuos, incluidos los expertos y tecnócratas. En Deuteronomio 1:13 se establece un modelo inclusivo de elección representativa al instruir: «Dadme de entre vuestras tribus varones sabios, entendidos y expertos, y yo los pondré por vuestros jefes», supeditando la pericia técnica a la validación de la comunidad. El marco teológico que contextualiza estos datos exige comprender que la fe evangélica no puede respaldar la marginación de la soberanía popular; subordinar la deliberación pública a la sola voluntad de las élites tecnocráticas erosiona la dignidad de los ciudadanos y vulnera el principio bíblico de equidad e imparcialidad en la administración de la sociedad.
El grupo etario de 16 a 25 años refleja una notable receptividad hacia la toma de decisiones tecnocrática, registrando un rango porcentual que se extiende desde el 5% hasta el 35%. En la cima de esta cohorte juvenil se ubica Paraguay liderando con un 35%, seguido por Guatemala con 33%, Venezuela con 29%, Ecuador con 27%, Argentina y República Dominicana con 25% cada una, Colombia con 23%, El Salvador con 21%, Bolivia con 20%, Perú con 19%, Honduras con 17%, Panamá con 15%, Brasil con 14%, Costa Rica con 12%, México con 8%, Uruguay con 7%, y Chile en la base con un 5%. La alta tolerancia a la sustitución de las elecciones en la juventud evangélica de Paraguay y Guatemala responde a la desilusión provocada por congresos percibidos como ineficientes o corruptos, impulsando la búsqueda de soluciones directas conducidas por especialistas. En términos de implicaciones pastorales, resulta indispensable fomentar en los jóvenes una pedagogía cívica que les permita entender que la tecnocracia no está exenta de sesgos ideológicos y que el voto representativo es un derecho fundamental para la defensa del bien común. Desde el ámbito de las políticas públicas, estos porcentajes reclaman instituciones parlamentarias más ágiles y participativas para evitar que la juventud termine marginándose del sistema democrático.
La cohorte etaria de 26 a 40 años concentra los niveles más altos de aprobación de la hipótesis tecnocrática en la muestra, moviéndose en un rango porcentual de conformidad que oscila entre el 25% y el 52%. Este sector de la población en plena etapa productiva se encuentra liderado por México con un 52%, secundado de cerca por Uruguay con 50%, Perú y Panamá con 44% y 43% respectivamente, Costa Rica con 43%, Bolivia y Paraguay empatados con 38%, Colombia, Guatemala y Honduras coincidiendo en un 32% (con Honduras alcanzando 33%), El Salvador con 30%, Brasil y Ecuador con 27% cada uno, Chile con 26%, y Argentina junto a República Dominicana cerrando en el extremo inferior con un 25% cada uno. El fuerte respaldo al gobierno de expertos entre los adultos jóvenes de México y Uruguay denota la frustración acumulada frente a la parálisis política, optando por una perspectiva pragmática que prioriza la resolución técnica de los problemas sobre el debate parlamentario. Pastoralmente, este panorama exige alertar a la congregación sobre el peligro de deificar el conocimiento humano en detrimento de la rendición de cuentas moral. Para la política pública, la magnitud de estas cifras representa una severa llamada de atención a los partidos políticos y al congreso, los cuales requieren renovar su legitimidad ante una ciudadanía que exige eficiencia sin opacidad.
El rango etario de 41 a 60 años demuestra la consolidación de un respaldo técnico en la mediana edad, operando dentro de un rango porcentual que oscila entre un 19% y un 50%. La vanguardia de esta cohorte está encabezada de manera categórica por Argentina con un 50%, seguida por Brasil con 45%, Ecuador y República Dominicana con 36% y 38% respectivamente, Chile con 32%, El Salvador, Honduras y Panamá empatados con 29% cada uno (y Costa Rica con 25%), Colombia e Uruguay con 28% y 29% respectivamente, Guatemala con 27%, Venezuela y México con 24% cada uno, Bolivia con 23%, y ubicándose en la base inferior Paraguay y Perú compartiendo un 19% cada uno. El comportamiento del sector adulto maduro en países como Argentina y Brasil sugiere que años de inestabilidad económica y disputas ideológicas en el parlamento han desgastado la fe en la política tradicional, impulsando el deseo de encomendar la conducción del Estado a especialistas no sometidos al vaivén electoral. Las implicaciones pastorales para esta cohorte invitan a reentrenar el discernimiento ético de la Iglesia, recordando que la justicia social bíblica requiere tanto de capacidad técnica como de valores éticos e inclusivos. Para las autoridades del Estado, estos datos subrayan la importancia de integrar auditorías y paneles técnicos sin desmantelar la estructura representativa del orden republicano.
El grupo etario de 61 años y más exhibe un panorama fuertemente heterogéneo pero con un asentamiento significativo de la visión tecnocrática en sectores longevos, moviéndose en un rango porcentual que va del 0% al 37%. El liderazgo indiscutible de este segmento corresponde a Chile con un 37%, seguido por Costa Rica con 20%, El Salvador, Honduras y Perú con 21% y 19% respectivamente, Bolivia y Colombia con 18% y 17% cada una, México con 16%, Brasil, Panamá y Uruguay con 14% cada uno, República Dominicana y Ecuador con 12% y 10% respectivamente, Guatemala con 9%, Paraguay con 8%, y Argentina registrando el nivel mínimo con un 0%. La alta complacencia con el gobierno de expertos entre la ancianidad evangélica chilena refleja una búsqueda de orden y previsibilidad institucional para la resolución de los problemas sociales del país. Pastoralmente, es necesario canalizar la voz de los adultos mayores para guiarlos a discernir que los modelos elitistas de gobierno vulneran los principios de soberanía y justicia compartida. Finalmente, estos indicadores plantean una advertencia profética a las naciones latinoamericanas, recordando que renunciar a las elecciones y al congreso para delegar el destino nacional a tecnócratas anula la participación ciudadana y contraviene el ideal de una sociedad justa, equitativa y responsable ante Dios.
