La indefinición («No sabe») ante la pregunta «¿Se siente políticamente representado por el parlamento/congreso?» alcanza sus niveles más altos en el grupo de 26-40 años, cuyo mapa llega hasta el 100%, mientras que los de 16-25 y 41-60 años llegan al 50% y el de 61 años y más al 44%. En la cohorte de 26-40 años destacan Honduras (100%), Paraguay (60%), Uruguay (56%), Argentina (50%) y Ecuador (50%). Entre los de 16-25 años sobresalen Ecuador (50%), Chile (43%), Bolivia (36%), México (29%) y República Dominicana (27%). En el grupo de 41-60 años encabezan Panamá (50%), Venezuela (50%), Colombia (40%), El Salvador (37%) y, con 33% cada uno, Brasil y Guatemala. En el de 61 años y más lideran Uruguay (44%), Costa Rica (38%), Bolivia (36%), y Brasil, Panamá y Venezuela (25% cada uno). Sobre la base de 19,215 encuestados evangélicos, estos datos muestran que una parte significativa del pueblo evangélico no logra definir si el poder legislativo lo representa, lo que revela una brecha de claridad cívica y de vínculo entre la iglesia y las instituciones. Algunos valores extremos, como el 100% de Honduras, podrían corresponder a submuestras muy pequeñas, por lo que conviene leerlos con cautela.

Esta dimensión de la falta de definición sobre la representación política en el parlamento entre los evangélicos encuentra fundamento en las enseñanzas bíblicas sobre la responsabilidad del creyente frente a las autoridades y sobre la necesidad de discernimiento. El apóstol Pablo exhorta: «Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad» (1 Timoteo 2:1-2). Santiago añade: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada» (Santiago 1:5), mientras que Proverbios 14:15 advierte: «El simple todo lo cree; mas el prudente mira bien sus pasos». Estos textos sitúan la participación política como una dimensión de la vida de fe que requiere oración, sabiduría y reflexión informada. Desde esa perspectiva, quien responde «No sabe» se encuentra en un punto intermedio: no rechaza ni afirma la representación, sino que carece de elementos para evaluarla. En contextos latinoamericanos marcados por la desconfianza hacia los partidos, la distancia entre ciudadanos y legisladores y, en muchas congregaciones, la ausencia de formación cívica, la indefinición puede entenderse como una oportunidad pastoral para educar en un discernimiento bíblico y responsable de la vida pública.

El grupo de 16-25 años exhibe una indefinición moderada, con un rango que va del 0% al 50%. Ecuador lidera con 50%, seguido de Chile (43%), Bolivia (36%), México (29%), República Dominicana (27%), Panamá (25%), Colombia y Perú (20% cada uno), Argentina (17%), El Salvador (16%), Guatemala (14%) y Brasil (8%). Costa Rica, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela registran 0%. Esta dispersión sugiere que, en varios países, los jóvenes evangélicos tienen poca experiencia directa con el sistema político, pues muchos apenas se incorporan al padrón electoral, y que su información proviene sobre todo de redes sociales, donde es difícil distinguir el papel específico del parlamento. También puede reflejar el desencanto generacional con las instituciones representativas, así como una formación cívica limitada en el entorno eclesial.

La cohorte de 26-40 años evidencia la mayor indefinición de toda la tabla, con un rango de 0% a 100%. Honduras alcanza 100%, seguido de Paraguay (60%), Uruguay (56%), Argentina y Ecuador (50% cada uno), Perú (40%), Costa Rica (38%), República Dominicana (36%), Brasil y Guatemala (33% cada uno), El Salvador (32%), Colombia (30%), México (29%), Venezuela (25%), Bolivia (18%) y Chile (14%). Panamá es el único país con 0%. Se trata de la etapa de mayor carga laboral, familiar y económica, en la que el tiempo disponible para informarse sobre la gestión legislativa es escaso y la prioridad se concentra en la subsistencia y la crianza. Además, es la generación que ya votó varias veces y ha visto repetirse promesas incumplidas, lo que puede producir una desafección que se expresa como «no sé» en lugar de un rechazo explícito. La altísima cifra hondureña debe considerarse con prudencia por el posible tamaño reducido de su submuestra.

El rango etario de 41-60 años demuestra una indefinición intermedia, con valores entre 0% y 50%. Panamá y Venezuela encabezan con 50% cada uno, seguidos de Colombia (40%), El Salvador (37%), Brasil y Guatemala (33% cada uno), Chile y México (29% cada uno), República Dominicana (27%), Costa Rica (25%), Paraguay y Perú (20% cada uno), Argentina (17%) y Bolivia (9%). Ecuador, Honduras y Uruguay marcan 0%. Esta generación suele ocupar roles de liderazgo en las iglesias y en la vida comunitaria, y su respuesta puede expresar cautela pastoral: la prudencia de no pronunciarse sobre instituciones políticas en contextos polarizados, o la dificultad de evaluar a un parlamento fragmentado. En países como Venezuela y Panamá, las crisis institucionales y la desconfianza en el poder legislativo pueden explicar, en parte, los porcentajes más elevados.

El grupo de 61 años y más exhibe la menor indefinición máxima de los cuatro, con un rango de 0% a 44%. Uruguay lidera con 44%, seguido de Costa Rica (38%), Bolivia (36%), Brasil, Panamá y Venezuela (25% cada uno), Paraguay y Perú (20% cada uno), Guatemala (19%), Argentina y El Salvador (16% cada uno), Chile y México (14% cada uno), Colombia (10%) y República Dominicana (9%). Ecuador y Honduras registran 0%. En general, los evangélicos de mayor edad tienden a tener una opinión más formada sobre la representación política, fruto de décadas de experiencia con distintos gobiernos y legislaturas, lo que reduce la proporción de quienes no saben responder. Los valores altos de Uruguay, Costa Rica y Bolivia podrían vincularse con un distanciamiento de la vida política activa en la vejez, con menor acceso a información actualizada o con una actitud de reserva hacia el ámbito político, más centrada en la vida espiritual y comunitaria que en la evaluación de las instituciones legislativas.

 

 

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