El fenómeno de la confianza institucional plena en el Congreso entre la población evangélica de América Latina constituye uno de los hallazgos más reveladores y, a la vez, más complejos del Latinobarómetro 2024, estudio que abarcó un total de 19,215 encuestados auto-identificados como evangélicos en diecisiete países de la región. Cuando se analiza la respuesta «Mucha confianza» frente a la pregunta sobre el nivel de confianza en el Congreso, emergen patrones etarios y geográficos de notable heterogeneidad que desafían cualquier lectura uniforme del evangelicalismo latinoamericano como bloque político-institucional homogéneo. En el grupo de 41 a 60 años se registran los valores más extremos de todo el estudio: Argentina lidera con un extraordinario 100%, seguida por Perú también con 100%, mientras que Paraguay alcanza el 22% y Uruguay el 44%, configurando un rango que oscila entre el 0% y el 100% dentro de esta misma cohorte. En el grupo de 61 años y más, Venezuela encabeza con 44%, seguida por Honduras con 38%, Brasil con 29% y Chile con 29%, expresando una adhesión institucional entre los adultos mayores evangélicos que contrasta con la desafección generalizada documentada en la ciudadanía latinoamericana en conjunto. Los datos invitan a una reflexión profunda sobre las condiciones bajo las cuales la fe evangélica se articula —o se disocia— con la legitimación de las instituciones representativas en contextos nacionales sumamente distintos.
Esta dimensión de la confianza institucional en el Congreso entre los evangélicos encuentra fundamento y tensión simultánea en las enseñanzas bíblicas sobre la autoridad civil y la responsabilidad del creyente ante el Estado. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, exhorta con claridad inequívoca: «Sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen, por Dios han sido establecidas» (Romanos 13:1), pasaje que ha sido históricamente interpretado en el mundo evangélico como mandato de respeto y reconocimiento hacia las instituciones legislativas, incluso en contextos de imperfección manifiesta. Asimismo, el profeta Jeremías aconseja a los exiliados: «Buscad el bienestar de la ciudad adonde os he desterrado, y rogad por ella al Señor, porque en su bienestar tendréis vosotros bienestar» (Jeremías 29:7), principio que fundamenta teológicamente una actitud de compromiso cívico y no de mera indiferencia hacia las instituciones del Estado. El marco teológico reformado y el pentecostalismo latinoamericano, corrientes dominantes en el evangelicalismo regional, han desarrollado históricamente posiciones divergentes frente al poder político: mientras el primero enfatiza la soberanía de Dios sobre todas las esferas del gobierno humano —incluyendo el legislativo—, el segundo ha tendido hacia una desconfianza mayor en las instituciones seculares, prefiriendo la autoridad carismática directa. Los datos del Latinobarómetro 2024 reflejan precisamente esta tensión irresuelta, ya que los porcentajes de «Mucha confianza» son generalmente bajos en la mayoría de los países, lo que sugiere que la exhortación paulina a honrar la autoridad coexiste con un discernimiento crítico, pastoralmente sano, sobre la integridad y eficacia de los congresos nacionales.
El grupo etario de 16 a 25 años evidencia una distribución marcadamente bimodal que revela las profundas fracturas generacionales en la percepción institucional del joven evangelicalismo latinoamericano, con Ecuador liderando de manera absolutamente atípica con 100%, seguido por Guatemala con 43%, Costa Rica con 33%, El Salvador con 23%, Honduras con 29%, Bolivia con 20%, Venezuela con 19%, México con 18%, Brasil con 25%, Panamá con 24%, República Dominicana con 25%, Chile con 14%, Uruguay con 11%, Paraguay con 11%, Colombia con 0%, Argentina con 0% y Perú con 0%, lo que configura un rango que va del 0% al 100% y una mediana que se sitúa aproximadamente en el 23-24%. Este cuadro de disparidad extrema en la generación más joven no puede interpretarse sin considerar las condiciones estructurales que moldean la socialización política de los jóvenes evangélicos: en países como Ecuador, donde la participación política juvenil ha experimentado ciclos de movilización intensa, una fracción de jóvenes creyentes puede haber desarrollado una afinidad institucional genuina con el Congreso derivada de experiencias de representación directa o de procesos constituyentes recientes, mientras que en países con congresos históricamente percibidos como elites desconectadas del pueblo —Argentina, Perú, Colombia— la desafección total resulta comprensible desde la perspectiva pastoral. Las implicaciones para el ministerio juvenil son directas: las iglesias evangélicas latinoamericanas enfrentan el desafío urgente de formar ciudadanos que integren su fe con una comprensión bíblica de la responsabilidad cívica, sin caer en el cinismo institucional ni en el seguidismo acrítico, cultivando en cambio el discernimiento que el apóstol Pablo describe como «prueba de cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta» (Romanos 12:2).
La cohorte de 26 a 40 años demuestra patrones de confianza institucional plena que, aunque también heterogéneos, revelan una madurez relativa en la evaluación del Congreso en comparación con los extremos registrados en el grupo más joven, con Paraguay encabezando de manera notable con 67%, seguido por Costa Rica con 56%, Chile con 43%, Colombia con 43%, Bolivia con 40%, México con 36%, Panamá con 35%, El Salvador con 30%, Honduras con 21%, Brasil con 25%, República Dominicana con 23%, Venezuela con 19%, Uruguay con 33%, Guatemala con 4%, Argentina con 0%, Ecuador con 0% y Perú con 0%, lo que da lugar a un rango del 0% al 67% con una concentración media en torno al 30-36%. Es particularmente llamativo el caso de Paraguay, donde más de dos tercios de los evangélicos adultos jóvenes expresan una confianza plena en el Congreso, dato que contrasta radicalmente con la imagen de desprestigio legislativo que prevalece en muchos análisis políticos sobre ese país, y que sugiere la existencia de dinámicas de socialización religiosa que producen una adhesión institucional diferenciada dentro de las comunidades evangélicas paraguayas. Desde el punto de vista pastoral, esta cohorte es especialmente estratégica porque concentra a quienes forman familias, lideran células de base, y comienzan a participar activamente en la vida comunitaria, lo que hace que su percepción del Congreso tenga implicaciones directas en cómo se transmiten los valores cívicos intergeneracionalmente en el seno de las iglesias evangélicas, constituyendo un puente fundamental entre la fe personal y la responsabilidad política que toda democracia requiere para subsistir.
El rango etario de 41 a 60 años exhibe los datos más extremos y contrastantes de toda la investigación, con Argentina y Perú registrando el valor máximo absoluto de 100%, seguidos por Uruguay con 44%, Colombia con 43%, El Salvador con 34%, Rep. Dominicana con 32%, Bolivia con 30%, Guatemala con 35%, Panamá con 29%, México con 36%, Brasil con 21%, Paraguay con 22%, Chile con 14%, Honduras con 13%, Venezuela con 19%, Costa Rica con 0% y Ecuador con 0%, configurando un rango que en esta cohorte oscila entre el 0% y el 100%, el más amplio de toda la tabla. El caso de Argentina resulta teológicamente paradójico: mientras el país exhibe uno de los niveles más altos de desconfianza política general en la región, el 100% de los evangélicos de 41 a 60 años encuestados expresa «Mucha confianza» en el Congreso, dato que puede reflejar un efecto de muestra reducida dentro de este segmento específico, pero que también podría indicar la existencia de comunidades evangélicas argentinas —particularmente en provincias del interior— cuya experiencia de representación parlamentaria ha sido significativamente más positiva que la percibida en los grandes centros urbanos. Este grupo etario corresponde a quienes ejercen el liderazgo pastoral y diaconal en la mayoría de las iglesias evangélicas latinoamericanas, por lo cual sus actitudes hacia las instituciones representativas tienen una influencia formadora desproporcionada sobre las generaciones más jóvenes que los observan, haciendo de este segmento un foco prioritario para el desarrollo de una teología pública evangélica que sea a la vez fiel a las Escrituras y responsablemente crítica ante las estructuras del poder.
La cohorte de 61 años y más presenta un perfil de confianza institucional plena en el Congreso que, aunque moderado en términos absolutos, adquiere una densidad simbólica particular dado que estos creyentes han sido testigos presenciales de décadas de transformación política en sus respectivos países, con Venezuela liderando con 44%, seguida por Honduras con 38%, Brasil con 29%, Chile con 29%, El Salvador con 14%, Colombia con 14%, Guatemala con 17%, Costa Rica con 11%, Uruguay con 11%, Panamá con 12%, México con 9%, Bolivia con 10%, Rep. Dominicana con 20%, Argentina con 0%, Ecuador con 0%, Paraguay con 0% y Perú con 0%, configurando un rango del 0% al 44% que expresa una desconfianza mayoritaria incluso entre quienes tienen mayor experiencia histórica con las instituciones legislativas de sus países. La presencia de Venezuela en el primer lugar de esta cohorte, con el 44% de los evangélicos adultos mayores expresando «Mucha confianza» en el Congreso, constituye uno de los hallazgos más desconcertantes del estudio dado el contexto de erosión institucional severa que caracteriza a ese país, y podría interpretarse desde la sociología de la religión como un mecanismo de resiliencia psicológica y espiritual: en contextos de crisis sistémica, los creyentes de mayor edad tienden a preservar una confianza normativa en las instituciones formales como expresión de esperanza escatológica antes que de evaluación empírica. Las implicaciones pastorales son significativas: las iglesias evangélicas tienen ante sí la responsabilidad de acompañar a sus adultos mayores en la difícil tarea de mantener «la esperanza de la vocación a la que fuisteis llamados» (Efesios 4:4) sin claudicar ante la desesperanza, cultivando una ciudadanía madura que honre la autoridad legislativa como institución ordenada por Dios mientras ejerce, con valentía profética, la denuncia de sus falencias concretas en servicio del bien común.
