La confianza parcial —expresada como «algo de confianza»— en el Poder Judicial entre los evangélicos latinoamericanos revela, según los datos del Latinobarómetro 2024 sobre la base de 19.215 encuestados, una geografía de adhesión institucional moderada que merece una lectura detenida en tanto constituye, en muchos países y grupos etarios, la respuesta mayoritaria entre quienes no han abandonado del todo la esperanza en el sistema judicial pero tampoco le otorgan una confianza plena. En el grupo de 16 a 25 años, Paraguay lidera con un destacado 55%, seguido por Guatemala con 44%, Bolivia con 42% y Perú con 39%, mientras Ecuador alcanza 36% y El Salvador 29%, configurando un arco juvenil donde la confianza moderada predomina sobre el escepticismo absoluto. En el grupo de 26 a 40 años, Venezuela sorprende con el porcentaje más alto de toda la tabla con un 50%, seguida por Uruguay con 36% y Perú con 41%, en tanto Brasil y Costa Rica empatan en 38% y Argentina registra 36%, revelando que en la adultez temprana la confianza parcial se distribuye de manera más homogénea que en otros grupos. Entre los de 41 a 60 años, Chile lidera con un notable 53%, seguido por Uruguay con 39% y Colombia con 28%, mientras que en el grupo de 61 años y más, Colombia encabeza con 18% —siendo el porcentaje máximo de ese grupo—, evidenciando que la confianza parcial se contrae significativamente en la generación mayor, con escala que va de 0% a 21% según los mapas. Este panorama general sugiere que la confianza parcial funciona como el reservorio principal de legitimidad judicial que aún sostiene el tejido cívico en muchas naciones, y que su comprensión pastoralmente responsable exige una atención diferenciada por generación y por contexto nacional.
Esta dimensión de la confianza moderada en el Poder Judicial entre los evangélicos encuentra un contexto teológico de singular riqueza en las enseñanzas bíblicas sobre la tensión entre la autoridad instituida y la justicia perfecta de Dios. El libro de Miqueas articula con precisión la demanda divina cuando proclama que Dios requiere del ser humano «solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios» (Miqueas 6:8), señalando así que la justicia no es una aspiración humana opcional sino una exigencia del pacto entre Dios y su pueblo. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, reconoce que las autoridades civiles son «servidoras de Dios para tu bien» (Romanos 13:4), pero esta afirmación no implica que toda expresión de poder judicial encarne automáticamente la voluntad divina; antes bien, abre la posibilidad de una adhesión crítica, de un «algo de confianza» teológicamente fundamentado que no es ni capitulación acrítica ni rechazo nihilista. El libro de los Proverbios añade otra dimensión cuando declara que «el rey que juzga con verdad a los pobres, afirmará su trono para siempre» (Proverbios 29:14), vinculando la legitimidad institucional con el tratamiento que el sistema dispensa a los más vulnerables. Desde esta perspectiva, el «algo de confianza» que expresan millones de evangélicos latinoamericanos puede interpretarse como una postura teológicamente madura que reconoce la necesidad de las instituciones judiciales mientras mantiene un discernimiento crítico sobre su funcionamiento concreto, una actitud que la tradición profética bíblica no condena sino celebra como señal de fidelidad al Dios de justicia.
El grupo etario de 16 a 25 años evidencia en esta respuesta una distribución que oscila entre el 6% de Chile —el porcentaje más bajo del grupo, que contrasta con el escaso 11% que Chile registraba en «mucha confianza» revelando un universo evangélico juvenil chileno profundamente escéptico del sistema judicial en su conjunto— y el 55% de Paraguay, el valor máximo de todo este grupo etario, que señala a los jóvenes evangélicos paraguayos como el colectivo con mayor proporción de confianza parcial en el Poder Judicial de toda América Latina. Guatemala sigue con 44%, Bolivia con 42% y Perú con 39%, en tanto Ecuador alcanza 36%, Argentina 24%, Colombia y Costa Rica ambas con 22%, Honduras 32%, México 18%, Panamá 27%, El Salvador 29%, Rep. Dominicana 27%, Uruguay 9% y Venezuela 7%, completando un espectro extraordinariamente amplio que va del 6% al 55%. Resulta pastoralmente significativo que Uruguay y Venezuela, que registran los valores más bajos en este grupo —9% y 7% respectivamente—, se ubiquen en extremos opuestos del espectro sociopolítico latinoamericano, lo que sugiere que la desconfianza juvenil evangélica en el sistema judicial no responde a una ideología política determinada sino a experiencias concretas de exclusión, impunidad o percepción de parcialidad judicial. Las iglesias que trabajan con jóvenes en estos contextos enfrentan el desafío de articular una formación cívica que transforme el escepticismo institucional en participación constructiva y en demanda profética de un sistema judicial más justo y accesible para todos.
La cohorte de 26 a 40 años exhibe en esta categoría el dato más singular de toda la gráfica: Venezuela alcanza un 50%, la cifra más alta en cualquier grupo etario para la respuesta «algo de confianza», un resultado que resulta paradójico en un país donde la crisis institucional ha sido documentada ampliamente, pero que puede interpretarse como la expresión de una confianza residual, pragmática y posiblemente selectiva de quienes, habiendo perdido la esperanza en una reforma judicial profunda, mantienen sin embargo una adhesión funcional mínima a la existencia misma del sistema. Uruguay sigue con 36%, Argentina también con 36%, Brasil y Costa Rica con 38%, Perú con 41% y Honduras con 26%, mientras que Chile registra 29%, Colombia 32%, Ecuador 39%, El Salvador 32%, Guatemala 24%, México 35%, Panamá 33%, Paraguay 25% y Rep. Dominicana 32%, configurando un grupo donde la escala va del 24% al 50% según los mapas de referencia. En términos pastorales, este grupo —que coincide con la etapa de mayor demanda de servicios judiciales, como registros de propiedad, procesos de familia, disputas laborales y acceso a documentación— es también el más directamente afectado por la eficiencia o ineficiencia del sistema, y su confianza parcial refleja a menudo no una convicción ideológica sino una experiencia funcional donde el sistema «algo sirve» aunque «no es lo que debería ser», una evaluación pragmática que las iglesias harían bien en acompañar con una visión bíblica más robusta de la justicia como vocación comunitaria.
El rango etario de 41 a 60 años demuestra en esta categoría su distribución más notable en Chile, que lidera con un contundente 53%, el segundo porcentaje más alto de toda la tabla después del 55% de Paraguay en el grupo juvenil, y que resulta especialmente relevante considerando que Chile solo registraba un 44% en «mucha confianza» para este mismo grupo etario, lo cual sugiere que la confianza judicial de los evangélicos chilenos de mediana edad se concentra predominantemente en la categoría intermedia más que en la plena adhesión. Uruguay sigue con 39%, Colombia con 28%, Ecuador con 18%, Venezuela con 21% y Brasil con 31%, mientras que Argentina registra 32%, Bolivia 15%, Costa Rica 27%, El Salvador 29%, Guatemala 24%, Honduras 32%, México 29%, Panamá 33%, Paraguay 20%, Perú 13% y Rep. Dominicana 31%, configurando un rango que según los mapas se extiende del 13% al 53%. Guatemala registra en este grupo solo un 24%, cifra que complementa su ya preocupante 11% en «mucha confianza» para la misma franja etaria, revelando que los evangélicos guatemaltecos de mediana edad constituyen uno de los colectivos con menor confianza judicial acumulada —sumando «mucha» y «algo»— de toda la región, una realidad que interpela urgentemente tanto a las instituciones del Estado guatemalteco como a las iglesias evangélicas que pastorean a esta generación en un contexto de profunda fragilidad institucional.
El grupo de 61 años y más representa en esta categoría el panorama de mayor austeridad de confianza de toda la gráfica, con una escala que según los mapas va de 0% a 21%, evidenciando que la generación mayor de evangélicos latinoamericanos ha agotado en su gran mayoría incluso la confianza parcial en el Poder Judicial, depositando en esta categoría porcentajes que en casi todos los países resultan los más bajos de la tabla para «algo de confianza». Colombia encabeza con 18%, Venezuela con 21%, Uruguay con 15%, Chile con 12% y Argentina con 8%, mientras que Brasil registra 6%, Bolivia 9%, Costa Rica 13%, Ecuador 7%, El Salvador 11%, Guatemala 8%, Honduras 11%, México 18%, Panamá 8%, Paraguay 0% —el único 0% de toda esta columna, que señala a los evangélicos paraguayos mayores como los que menos confianza parcial expresan, en llamativo contraste con el 55% que los jóvenes paraguayos registraban en el mismo grupo—, Perú 7% y Rep. Dominicana 10%. Esta compresión generalizada de la confianza en el segmento mayor no debería leerse únicamente como cinismo o desesperanza, sino como el testimonio acumulado de décadas de interacción con un sistema que, en la experiencia de esta generación, ha prometido más de lo que ha cumplido; y desde la fe evangélica, este testimonio tiene el valor profético de quien, como el anciano Simeón en el templo, ha esperado durante toda una vida la llegada de una justicia verdadera y puede —con autoridad moral irrefutable— señalar la distancia que aún separa la realidad institucional latinoamericana de la justicia que el Reino de Dios demanda y promete.
