El Colapso de la Confianza Judicial: Evangélicos Latinoamericanos y la Desconfianza Total en el Poder Judicial — Latinobarómetro 2024

La respuesta «ninguna confianza» en el Poder Judicial entre los evangélicos latinoamericanos constituye, en el marco del Latinobarómetro 2024 sobre la base de 19.215 encuestados, el indicador más grave y definitivo del estado de la legitimidad judicial en la región, pues a diferencia de las categorías anteriores que expresaban adhesión parcial o decepción activa, la ausencia total de confianza representa la ruptura irreversible del vínculo entre el ciudadano creyente y la institución que debería garantizar sus derechos más fundamentales. En el grupo de 16 a 25 años, Paraguay lidera con un alarmante 34%, seguido por Colombia con 18%, Ecuador con 19% y Bolivia con 20%, mientras que Uruguay registra un llamativo 0%, el único caso en toda la tabla donde ningún joven evangélico encuestado declaró tener ninguna confianza en el Poder Judicial. En el grupo de 26 a 40 años, Venezuela encabeza con un devastador 44%, seguida por Guatemala con 42% y Perú con 39%, en tanto Uruguay alcanza 35% y Bolivia 36%, revelando que en la adultez temprana la desconfianza total se ha convertido en la postura dominante en varios países. Entre los de 41 a 60 años, Uruguay lidera con un contundente 50%, seguido por Panamá con 43%, Argentina con 38% y Brasil con 37%, mientras que en el grupo de 61 años y más, Chile encabeza con 35% y Costa Rica con 33%, con una escala que va del 12% al 35% según los mapas. Este panorama configura un diagnóstico institucional de extrema gravedad que las iglesias evangélicas latinoamericanas no pueden ignorar, pues la desconfianza total en el Poder Judicial no es únicamente una crisis política sino una herida profunda en el tejido social que interpela directamente la vocación profética de la comunidad de fe.

Esta dimensión de la desconfianza absoluta en el Poder Judicial entre los evangélicos encuentra en las Escrituras un espejo teológico de singular pertinencia, pues la Biblia no silencia la experiencia de quienes han visto colapsar los sistemas de justicia que debían protegerlos, sino que la articula con una honestidad que resulta pastoralmente indispensable. El profeta Habacuc expresa con exactitud la angustia de quien contempla el fracaso total de la justicia institucional cuando clama: «¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? Porque delante de mí está el despojo y la violencia, y hay quien levanta pleito y contienda» (Habacuc 1:3), articulando así una teología de la queja legítima que valida la experiencia de quienes han llegado a no confiar en absoluto en sus sistemas judiciales. El apóstol Santiago, con voz profética que resuena en contextos de injusticia estructural, advierte con gravedad sobre las consecuencias de los sistemas que oprimen en lugar de proteger (Santiago 5:1-6), vinculando la denuncia de la injusticia institucional con la esperanza escatológica de un juicio divino que ninguna corrupción humana podrá evadir. El Salmo 146 completa este marco al declarar que la esperanza no debe depositarse en príncipes ni en hijos de hombres, en quienes no hay salvación, sino en el Dios que «hace justicia a los agraviados» y «da pan a los hambrientos» (Salmo 146:7), señalando que cuando las instituciones humanas fallan totalmente, la fe evangélica no colapsa con ellas sino que redirige su esperanza hacia el único Juez que nunca falla, sin abandonar por ello el compromiso de transformar las estructuras injustas desde adentro de la historia.

El grupo etario de 16 a 25 años evidencia en esta categoría una distribución que oscila entre el 0% histórico de Uruguay —el único registro de cero en toda la tabla de «ninguna confianza», que sugiere que los jóvenes evangélicos uruguayos, aunque escépticos en otras categorías, no han llegado aún a la ruptura total con el sistema judicial— y el 34% de Paraguay, que lidera este grupo con una cifra que resulta perturbadora para un colectivo que apenas ingresa a la vida adulta y ya manifiesta una desconfianza completa en el Poder Judicial de su nación. Colombia registra 18%, Ecuador 19%, Bolivia 20%, Venezuela 17%, Perú 16%, El Salvador 12%, Honduras 12%, Guatemala 15%, México 9%, Panamá 13%, Rep. Dominicana 14%, Argentina 10%, Brasil 11% y Chile 11%, configurando un espectro que va del 0% al 34% según los mapas. Resulta teológica y pastoralmente significativo que México, con apenas 9%, y Argentina, con 10%, registren los niveles más bajos de desconfianza total entre los jóvenes evangélicos —los mismos países que mostraban 0% de «mucha confianza» en sus adultos mayores—, lo que sugiere que la desconfianza absoluta se construye con el tiempo y la experiencia acumulada, y que la juventud evangélica mexicana y argentina aún conserva márgenes de esperanza institucional que la adultez, si los patrones se repiten, irá erosionando progresivamente. Las iglesias tienen en esta ventana generacional una oportunidad pastoral irreemplazable para formar ciudadanos evangélicos capaces de comprometerse con la reforma institucional antes de que la decepción acumulada los conduzca al rechazo total.

La cohorte de 26 a 40 años exhibe en esta categoría la concentración más inquietante de desconfianza total en toda la gráfica, con Venezuela encabezando con un devastador 44%, la cifra más alta de este grupo etario y una de las más altas de toda la tabla, que refleja el colapso prácticamente total de la credibilidad judicial en un país donde el sistema de justicia ha sido percibido durante años como un instrumento de control político más que de protección ciudadana. Guatemala sigue con 42%, Perú con 39%, Bolivia con 36%, Uruguay con 35%, Argentina con 28%, Brasil con 37%, Colombia con 33%, Costa Rica con 19%, Ecuador con 26%, El Salvador con 26%, Honduras con 32%, México con 38%, Panamá con 32%, Paraguay con 32%, Rep. Dominicana con 30% y Chile con 26%, configurando una escala que según los mapas va del 19% al 44%. La presencia de México con 38% en este grupo contrasta dramáticamente con su apenas 9% en el grupo juvenil, representando uno de los saltos intergeneracionales más pronunciados de toda la tabla —29 puntos porcentuales en apenas una transición generacional— y confirmando que la experiencia de la adultez temprana en México transforma de manera acelerada la esperanza residual de los jóvenes en desconfianza absoluta, un fenómeno que las iglesias evangélicas mexicanas necesitan atender con programas de acompañamiento pastoral que no eludan la dimensión política y cívica de la fe cristiana.

El rango etario de 41 a 60 años demuestra en esta categoría los niveles más altos de desconfianza total de toda la gráfica, con una escala que según los mapas va del 21% al 50%, alcanzando en Uruguay ese porcentaje máximo que significa que la mitad de los evangélicos uruguayos de mediana edad no tiene ninguna confianza en el Poder Judicial de su país, un dato que resulta tanto más significativo cuanto que Uruguay ha sido históricamente considerado uno de los sistemas institucionales más sólidos de América Latina. Panamá sigue con 43%, Argentina con 38%, Brasil y Ecuador ambos con 37%, Costa Rica con 37%, El Salvador con 38%, Colombia con 29%, Honduras con 35%, México con 35%, Panamá con 43%, Rep. Dominicana con 38%, Venezuela con 25%, Bolivia con 31%, Chile con 27%, Guatemala con 32% y Paraguay con 21%, completando un cuadro donde prácticamente todos los países superan el umbral del 20% de desconfianza total en este grupo etario. El dato de Uruguay, que en el grupo de 16 a 25 años registraba el único 0% de toda la tabla y en el grupo de 41 a 60 años alcanza el 50% de desconfianza total, representa la trayectoria vital más dramática de toda la encuesta: una generación que comenzó su vida adulta sin rechazar en absoluto el sistema judicial y que, tras dos décadas de experiencia institucional, ha llegado a rechazarlo completamente en proporciones que no tienen paralelo en ningún otro país de la región, un veredicto generacional que interpela a las instituciones uruguayas y a sus iglesias evangélicas con igual urgencia.

El grupo de 61 años y más representa en esta categoría la síntesis más solemne y definitiva de toda la gráfica, con una escala que según los mapas va del 12% al 35%, y que condensa en sus cifras el veredicto de una generación que ha vivido lo suficiente como para comparar lo que el sistema judicial prometía con lo que efectivamente entregó a lo largo de décadas de historia latinoamericana marcada por dictaduras, transiciones democráticas incompletas, corrupción estructural e impunidad sistemática. Chile encabeza este grupo con 35%, seguido por Costa Rica con 33%, Argentina con 25%, El Salvador con 24% y Colombia con 20%, países donde más de uno de cada cinco evangélicos mayores ha llegado al final de su vida activa sin ninguna confianza en el Poder Judicial. Uruguay registra 15%, Venezuela 15%, Bolivia 13%, Brasil 14%, Ecuador 18%, Guatemala 12%, Honduras 21%, México 18%, Panamá 13%, Paraguay 13%, Perú 17% y Rep. Dominicana 19%, completando un panorama donde la desconfianza total de los mayores, aunque generalmente inferior en términos porcentuales a la de los grupos más jóvenes, adquiere una gravedad moral incomparablemente mayor por ser la conclusión de toda una vida. Desde la perspectiva pastoral y profética de la fe evangélica, el hecho de que hombres y mujeres que han vivido ocho, nueve o más décadas en sus países concluyan su peregrinaje terrenal sin ninguna confianza en el sistema de justicia que debió protegerlos constituye un llamado urgente a las iglesias a radicalizar su compromiso con la justicia social, recordando las palabras con las que el profeta Amós clausuró su denuncia de los sistemas judiciales corruptos de su tiempo: «Estableced el juicio en la puerta» (Amós 5:15), es decir, en el lugar donde la justicia debe hacerse visible y accesible para todos, especialmente para los que han esperado demasiado tiempo y han visto demasiado poco.