La respuesta «poca confianza» en el Poder Judicial entre los evangélicos latinoamericanos constituye, en el marco del Latinobarómetro 2024 sobre la base de 19.215 encuestados, una señal de alerta institucional de primera magnitud, pues a diferencia de la desconfianza total —que puede leerse como un rechazo definitivo— la poca confianza expresa una relación deteriorada pero no del todo rota, una decepción activa que reconoce la existencia del sistema judicial pero evalúa su funcionamiento como insuficiente, parcial o directamente injusto. En el grupo de 16 a 25 años, Argentina sobresale con apenas 15% y Uruguay con solo 6%, mientras que Guatemala alcanza 33%, Paraguay 35% y Venezuela 29%, revelando que incluso entre los más jóvenes la poca confianza ya configura una categoría de peso en varios países. En el grupo de 26 a 40 años, Argentina lidera con un preocupante 54%, seguida por Chile con 44% y México con 42%, señalando que en la adultez temprana la decepción judicial alcanza su punto más alto en varios de los países más grandes de la región. Entre los de 41 a 60 años, Costa Rica encabeza con 37%, Rep. Dominicana con 34% y Colombia con 29%, mientras que en el grupo de 61 años y más, Uruguay lidera con 29%, Chile con 24% y Costa Rica con 26%, completando un cuadro donde la escala va del 7% al 29% según los mapas. Este escenario revela que la poca confianza judicial no es un fenómeno marginal sino una corriente transversal que atraviesa generaciones y contextos nacionales, interpelando con urgencia tanto a las instituciones del Estado como a las comunidades evangélicas que las habitan.
Esta dimensión de la poca confianza en el Poder Judicial entre los evangélicos encuentra un marco teológico profundamente pertinente en las enseñanzas bíblicas sobre la denuncia profética de la injusticia institucional y la responsabilidad de quienes ejercen autoridad ante Dios. El profeta Isaías, con voz que resuena a través de los siglos, clamaba: «¡Ay de los que decretan decretos injustos, y prescriben tiranía!» (Isaías 10:1), articulando así una teología de la rendición de cuentas que aplica directamente a los sistemas judiciales que traicionan su vocación de equidad. El apóstol Santiago, por su parte, advierte con precisión pastoral sobre las consecuencias sociales de la injusticia institucionalizada al señalar que «el juicio es sin misericordia para aquel que no hizo misericordia» (Santiago 2:13), vinculando el ejercicio de la justicia con la misericordia como condición de legitimidad. El Salmo 94 articula con claridad la tensión entre la experiencia de la injusticia y la fe en un Dios que no permanece indiferente, cuando pregunta: «¿Hasta cuándo los impíos, oh Jehová, hasta cuándo los impíos se gozarán?» (Salmo 94:3), dando voz a la queja legítima del pueblo ante sistemas que fallan. Desde esta perspectiva, la poca confianza que expresan los evangélicos latinoamericanos en su Poder Judicial no es simplemente una opinión sociológica sino una postura teológicamente cargada, la de una comunidad de fe que ha sido formada para esperar justicia y que, al no encontrarla plenamente en las instituciones humanas, eleva su queja ante el Juez supremo mientras sigue comprometida con la transformación de las estructuras terrenales.
El grupo etario de 16 a 25 años evidencia en esta categoría una distribución que oscila entre el mínimo de 6% de Uruguay —un dato que sorprende positivamente dado el escepticismo general de los jóvenes uruguayos en otras categorías— y el máximo de 35% de Paraguay, seguido muy de cerca por Guatemala con 33% y Venezuela con 29%, países donde casi un tercio de los jóvenes evangélicos ya manifiesta poca confianza en el Poder Judicial a pesar de su corta edad y experiencia institucional relativamente limitada. Bolivia registra 30%, Perú también 30%, Ecuador 26%, El Salvador 25%, Honduras 25% y México 27%, todos ellos en una banda intermedia que señala que entre uno de cada cuatro y uno de cada tres jóvenes evangélicos de estos países ha comenzado su vida adulta con una relación de decepción activa con el sistema judicial. Argentina registra 15%, Brasil 17%, Chile 12%, Colombia 16%, Costa Rica 16%, Panamá 24% y Rep. Dominicana 27%, con rangos que van del 6% al 35% según los mapas. Pastoralmente, la presencia de la poca confianza ya en este grupo etario más joven —antes de que la mayoría haya tenido experiencias directas y prolongadas con el sistema judicial— sugiere que esta percepción se transmite también a través de la familia, la comunidad y el testimonio colectivo de generaciones anteriores, lo que interpela a las iglesias a trabajar activamente en la formación de una cultura de justicia que no se rinda ante la herencia del escepticismo sino que lo transforme en compromiso cívico fundamentado en la esperanza bíblica.
La cohorte de 26 a 40 años exhibe en esta categoría los datos más severos de toda la gráfica, confirmando que es en la adultez temprana —cuando el contacto directo y repetido con las instituciones judiciales se vuelve inevitable en el curso normal de la vida— donde la decepción judicial alcanza su mayor intensidad entre los evangélicos latinoamericanos. Argentina lidera con un alarmante 54%, el porcentaje más alto de toda la tabla en cualquier grupo etario para esta respuesta, seguida por Chile con 44% y México con 42%, tres países de gran peso demográfico y económico en la región donde más de cuatro de cada diez evangélicos adultos jóvenes manifiestan poca confianza en su sistema judicial. Perú sigue con 40%, Brasil y Colombia ambos con 39%, Honduras con 36% y Paraguay con 35%, mientras que Bolivia registra 34%, Ecuador 31%, El Salvador 25%, Guatemala 32%, Panamá 31%, Rep. Dominicana 26%, Uruguay 32%, Venezuela 25% y Costa Rica 21%, configurando un panorama donde la escala va del 21% al 54% según los mapas. La caída de Argentina desde el 50% de «mucha confianza» en el grupo de 16-25 años hasta el 54% de «poca confianza» en el grupo de 26-40 representa una de las inversiones más dramáticas de toda la encuesta, y señala que la experiencia argentina de la adultez convierte de manera sistemática a quienes tuvieron alta confianza juvenil en ciudadanos profundamente decepcionados, un ciclo que las iglesias evangélicas argentinas tienen la responsabilidad pastoral y profética de atender con urgencia.
El rango etario de 41 a 60 años demuestra en esta categoría una moderación relativa respecto al grupo anterior, con una escala que según los mapas va del 18% al 37%, lo que podría interpretarse como una cierta estabilización de la decepción en la madurez —no porque el sistema haya mejorado, sino posiblemente porque las expectativas se han ajustado a la realidad tras años de experiencia acumulada. Costa Rica encabeza este grupo con 37%, seguida por Rep. Dominicana con 34% y Colombia con 29%, países donde la mediana edad no ha traído consigo una resignación pasiva sino una evaluación crítica sostenida del desempeño judicial. Ecuador registra 33%, Venezuela 29%, El Salvador 32%, Honduras 25%, Panamá 29% y Perú 18%, mientras que Argentina registra 22%, Bolivia 23%, Brasil 30%, Chile 20%, Guatemala 25%, México 23%, Paraguay 23% y Uruguay 32%, mostrando una distribución relativamente más homogénea que en el grupo anterior. El dato de Costa Rica, que lideraba con solo 21% en el grupo 26-40 y salta a 37% en este grupo, sugiere que la experiencia costarricense de mediana edad con el sistema judicial resulta particularmente decepcionante, quizás porque las expectativas depositadas en un país con tradición democrática más consolidada hacen que las fallas judiciales se sientan con mayor agudeza. Pastoralmente, las iglesias que acompañan a esta generación de líderes comunitarios, empresarios, maestros y padres de familia necesitan ofrecer espacios de discernimiento donde la decepción institucional no derive en cinismo paralizante sino en un compromiso renovado con la construcción de una cultura de justicia desde las bases comunitarias.
El grupo de 61 años y más presenta en esta categoría una distribución que, según los mapas, oscila entre el 7% y el 29%, evidenciando que la generación mayor de evangélicos latinoamericanos mantiene niveles de «poca confianza» que, aunque moderados en comparación con los grupos más jóvenes, adquieren un peso moral particular por ser el veredicto de quienes han vivido décadas enteras de interacción con el sistema judicial y pueden hablar desde la autoridad de la experiencia histórica acumulada. Uruguay lidera este grupo con un significativo 29%, seguido por Costa Rica con 26%, Chile con 24% y Venezuela con 18%, países donde incluso la generación mayor mantiene una relación de decepción activa —no de indiferencia— con sus instituciones judiciales. Colombia registra 17%, El Salvador 17%, Honduras 14%, Panamá 15%, Paraguay 7% —el porcentaje más bajo del grupo—, Perú 12%, Rep. Dominicana 12%, Argentina 10%, Bolivia 13%, Brasil 13%, Ecuador 10%, Guatemala 10% y México 8%, completando un cuadro donde la poca confianza de los mayores es generalmente menor en términos porcentuales que en los grupos más jóvenes, pero no porque confíen más, sino —como lo revelan los 0% que varios de estos países registraron en la categoría de «mucha confianza»— porque han migrado definitivamente hacia la desconfianza total. Desde la perspectiva pastoral y profética de la fe evangélica, esta generación mayor que persiste en una «poca confianza» —en lugar de haberla abandonado del todo— encarna paradójicamente una forma de esperanza resistente, la de quienes, habiendo visto fallar al sistema repetidamente, aún no han renunciado a creer que algo de justicia es posible en las instituciones humanas, manteniendo viva, aunque tenue, la llama de la expectativa que el profeta Habacuc articuló cuando, en medio de la injusticia, declaró: «aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá» (Habacuc 2:3).
