La confianza depositada por los evangélicos latinoamericanos en el Poder Judicial constituye uno de los termómetros más reveladores del estado de la gobernabilidad percibida en la región, y los datos del Latinobarómetro 2024, sobre la base de 19.215 encuestados, ofrecen un panorama marcadamente heterogéneo que desafía cualquier lectura simplista. La respuesta «Mucha confianza» en el Poder Judicial presenta sus niveles más elevados en el grupo etario de 16 a 25 años, donde Argentina y Bolivia lideran ambas con un llamativo 50%, seguidas por Ecuador con 50%, Guatemala con 46% y Venezuela con 40%, configurando así un bloque juvenil que mantiene expectativas relativamente optimistas hacia la institucionalidad judicial. En el grupo de 26 a 40 años, México sobresale de manera singular con un 57%, marcando el porcentaje más alto de toda la tabla en cualquier grupo etario, seguido por Costa Rica y Panamá con 38% y Honduras con 32%, lo cual sugiere que en ciertos contextos nacionales la confianza judicial alcanza su cénit en la madurez temprana. Entre los de 41 a 60 años, Colombia encabeza con 50%, seguida por Chile con 44% y Brasil con 39%, mientras que el grupo de 61 años y más presenta una dispersión notable, con Colombia nuevamente al frente con 50% y Uruguay con 36%, contrastando con países como Argentina, Ecuador, México y Perú donde este grupo registra 0%. Este mosaico de percepciones evidencia que la confianza judicial entre los evangélicos latinoamericanos no responde a una lógica uniforme, sino que se articula en función de contextos nacionales, generacionales y experienciales profundamente diferenciados, interpelando tanto a las iglesias como a las instituciones del Estado sobre el estado de la legitimidad democrática en la región.
Esta dimensión de la confianza institucional en el Poder Judicial entre los evangélicos encuentra un fundamento complejo y multifacético en las enseñanzas bíblicas sobre la justicia, la autoridad y la responsabilidad del creyente ante las estructuras civiles. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, exhorta con claridad meridiana: «Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas» (Romanos 13:1), principio que ha configurado históricamente la actitud de la fe evangélica hacia las instituciones gubernamentales, incluyendo el sistema judicial. No obstante, esta disposición a reconocer la autoridad civil no implica ingenuidad, pues el profeta Amós clamaba con voz tonante: «Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo» (Amós 5:24), recordando que la legitimidad de las instituciones descansa en su fidelidad a los principios de equidad e imparcialidad que Dios mismo demanda. El Salmo 82 elabora con precisión teológica esta tensión, al declarar que Dios mismo preside entre los jueces terrenales y los llama a defender al débil, al pobre y al necesitado. Desde esta perspectiva, los evangélicos latinoamericanos que expresan «mucha confianza» en el Poder Judicial no están meramente emitiendo una opinión política neutral, sino que están articulando una postura teológica sobre la legitimidad de las instituciones humanas como instrumentos —aunque imperfectos— de la justicia divina; y aquellos que expresan desconfianza o indiferencia revelan, con igual profundidad teológica, la dolorosa brecha que separa el ideal bíblico de la realidad institucional que experimentan en sus contextos cotidianos.
El grupo etario de 16 a 25 años evidencia los niveles de confianza judicial más elevados y, simultáneamente, las variaciones internas más llamativas de toda la muestra evangélica, configurando un horizonte generacional donde la esperanza institucional coexiste con la decepción profunda según el país de residencia. Argentina y Bolivia lideran de manera compartida con un 50% cada una, seguidas muy de cerca por Ecuador también con 50%, Guatemala con 46% y Venezuela con 40%, conformando un núcleo de naciones donde casi la mitad de los jóvenes evangélicos de esta franja manifiesta una confianza robusta en su sistema judicial. Perú se sitúa en un 43% y El Salvador en 25%, mientras que Honduras registra un 26%, México un 29% y Panamá y Paraguay ambos con un 33%, todos ellos en rangos intermedios que sugieren una confianza moderada pero real. En contraste, Colombia registra un 0% en este grupo, cifra que interpela con fuerza a las instituciones judiciales colombianas y a las iglesias evangélicas de ese país, y Uruguay también con 0% señala una juventud evangélica profundamente escéptica. Pastoralmente, este panorama sugiere que las iglesias evangélicas que atienden a jóvenes deben incorporar en su formación una educación cívica fundamentada en la teología bíblica de la justicia, que permita a esta generación discernir críticamente las instituciones sin caer ni en la ingenuidad acrítica ni en el cinismo nihilista, cultivando en cambio una ciudadanía comprometida con la transformación de las estructuras injustas desde los valores del Reino de Dios.
La cohorte de 26 a 40 años exhibe el dato más sobresaliente de toda la gráfica en cualquier grupo etario: México alcanza un extraordinario 57% de evangélicos con mucha confianza en el Poder Judicial, un resultado que contrasta con la percepción generalizada de crisis institucional en ese país y que merece una reflexión profunda sobre las especificidades del universo evangélico mexicano y su relación con el Estado. Costa Rica y Panamá empatan en 38%, seguidas por Honduras con 32%, El Salvador con 30% y Paraguay con 33%, países donde la madurez temprana parece consolidar una confianza moderada en las instituciones judiciales. Brasil registra 26%, Colombia 0%, Argentina 25%, Chile 22% y Guatemala 21%, evidenciando que en este grupo etario, que coincide con la etapa de mayor actividad laboral y formación de hogares, las experiencias directas con el sistema judicial —ya sea como testigos, víctimas o ciudadanos en búsqueda de justicia— comienzan a moldear percepciones más diferenciadas y a menudo más críticas que en la juventud. Bolivia cae a 0% en este grupo, lo cual contrasta notablemente con su 50% en el grupo de 16 a 25 años, señalando una ruptura generacional interna que posiblemente refleja el impacto de experiencias institucionales negativas acumuladas durante los años de vida adulta. Pastoralmente, este grupo representa el núcleo de liderazgo tanto eclesial como comunitario, y la desconfianza judicial que manifiestan en varios países tiene implicaciones directas para la capacidad de las comunidades evangélicas de articular propuestas de justicia restaurativa y participación cívica desde sus bases congregacionales.
El rango etario de 41 a 60 años demuestra una reconfiguración significativa del mapa de confianza judicial evangélica, en la que algunos países que registraban bajos porcentajes en grupos más jóvenes muestran ahora recuperaciones notables, mientras otros experimentan caídas que reflejan el peso acumulado de las decepciones institucionales a lo largo de una vida adulta de mayor exposición al funcionamiento real del sistema judicial. Colombia lidera este grupo con un contundente 50%, seguida por Chile con 44%, Brasil con 39% y Rep. Dominicana con 41%, todos ellos por encima del umbral del 39%, lo que sugiere que en estos países la generación de mediana edad ha encontrado —o construido— una relación más estable con sus instituciones judiciales. Ecuador registra 33%, Venezuela 33%, Panamá 21%, El Salvador 30% y Bolivia 33%, mientras que Guatemala cae dramáticamente a solo 11%, el porcentaje más bajo de este grupo y uno de los más bajos de toda la tabla, señalando una crisis de credibilidad judicial particularmente aguda entre los evangélicos guatemaltecos de mediana edad que han vivido en carne propia las limitaciones del sistema judicial de su nación. México baja de su cumbre del 57% a solo 14% en este grupo, una caída de 43 puntos porcentuales que constituye el descenso intrageneracional más pronunciado de toda la tabla y que invita a una reflexión pastoral urgente sobre la experiencia que los evangélicos mexicanos de mediana edad han tenido con sus instituciones judiciales a lo largo de sus años productivos. Honduras retrocede a 16% y Uruguay sube a 36%, completando un cuadro donde la diversidad nacional supera cualquier tendencia regional unificadora.
El grupo de 61 años y más representa la voz de la memoria histórica evangélica en América Latina, una generación que ha sido testigo de dictaduras, transiciones democráticas, reformas judiciales y contrarreformas, y cuyos porcentajes de confianza en el Poder Judicial condensan décadas de experiencia vivida con las instituciones de sus respectivos países, ofreciendo así el testimonio más maduro —y en muchos casos el más severo— sobre el estado de la justicia en la región. Colombia encabeza este grupo con un llamativo 50%, compartiendo liderazgo con Uruguay que alcanza 36%, seguidos por Venezuela con 27%, Chile con 22% y Bolivia con 17%, países donde la generación mayor mantiene niveles de confianza que, aunque moderados, revelan una relación de coexistencia pragmática con las instituciones judiciales. Brasil registra 18%, Rep. Dominicana 21%, El Salvador 15%, Guatemala 21%, Honduras 26% y Paraguay 17%, mientras que Costa Rica se sitúa en 21%, configurando un bloque de naciones donde la confianza de los mayores oscila en rangos intermedios. Sin embargo, el dato más perturbador de todo este grupo —y quizás de toda la gráfica— es la presencia de un 0% en Argentina, Ecuador, México y Perú, cuatro países de peso demográfico y político considerable en la región, donde ninguno de los evangélicos mayores de 61 años encuestados manifestó tener «mucha confianza» en el Poder Judicial, una cifra que no puede leerse sino como el veredicto de una generación que ha agotado su capital de confianza institucional tras décadas de impunidad, corrupción y acceso desigual a la justicia. Desde una perspectiva pastoral y profética, esta realidad interpela a las iglesias evangélicas a convertirse en espacios de formación de una cultura de justicia alternativa, fundamentada en la esperanza bíblica de que el Dios de Israel es ante todo un Dios que «hace justicia al huérfano y a la viuda» (Deuteronomio 10:18), y que llama a su pueblo a ser agentes de esa justicia en cada generación y en cada contexto, especialmente allí donde las instituciones humanas han fallado de manera sistemática a los más vulnerables.
